El órgano emitió una declaración después que el canciller de Brasil, Celso Amorim, denunció ante sus miembros las amenazas que los golpistas ejercen contra la misión diplomática de Brasil en Tegucigalpa.

En esa sede se encuentra alojado el presidente constitucional hondureño, José Manuel Zelaya, quien el pasado lunes regresó a su país luego de ser derrocado y expulsado al exterior el 28 de junio.

La respuesta del Consejo al gobierno brasileño incluye un llamado al régimen de facto en Honduras para que permita el suministro de agua, electricidad y alimentos a los albergados en la embajada, así como el restablecimiento de la comunicación telefónica.

Las conclusiones de las consultas realizadas entre los 15 miembros de esa instancia de la ONU también reclaman el respeto del principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

La declaración del Consejo, leída por su actual presidenta, la embajadora de Estados Unidos, Susan Rice, insta a todas las partes a mantener la calma y evitar una escalada de la situación.

Asimismo, convoca a acelerar las gestiones diplomáticas en marcha a nivel regional, entre ellas la acción mediadora encargada por la Organización de Estados Americanos al presidente de Costa Rica, Oscar Arias.

Interrogada por la prensa, la titular del Consejo de Seguridad consideró que ese órgano no celebrará más reuniones sobre el tema.

Por su parte, los embajadores de México y Costa Rica, miembros no permanentes de esa instancia de la ONU, coincidieron en que la declaración elaborada por consenso es un claro mensaje de apoyo a las acciones regionales para un arreglo en Honduras.

Durante su exposición ante el Consejo, el canciller de Brasil aseguró que existe verdadero peligro para la vida del mandatario legítimo hondureño, su familia y funcionarios diplomáticos de la embajada brasileña en Tegucigalpa.

Amorim dio detalles sobre la llegada pacífica y por su medios de Zelaya a esa instalación el pasado lunes y subrayó que fue recibido en su capacidad de presidente legítimo de Honduras.