Quito rompió relaciones diplomáticas con Bogotá a partir del bombardeo e invasión realizados el 1 de marzo de 2008 por el ejército colombiano al territorio ecuatoriano de Angostura, provincia Sucumbíos, lo cual fue denunciado como grave e intolerable violación a la soberanía de este país.

Punto importante en el avance diplomático, logrado en Nueva York, es el compromiso del gobierno de Colombia de que no realizará operaciones militares o de seguridad en suelo ecuatoriano.

Mientras Ecuador afirma que no tolerará la presencia de grupos armados irregulares en su territorio y repelerá cualquier incursión armada.

Ambos gobiernos propondrán mecanismos para mejorar la situación humanitaria de los ciudadanos colombianos en condición de refugio en territorio ecuatoriano, y Colombia proveerá, junto con otras naciones y organismos, el apoyo apropiado en fondos y servicios para sus nacionales refugiados.

Las dos administraciones se comprometen también a reactivar la Comisión Binacional de Frontera y ampliar los mecanismos de coordinación y comunicación entre las autoridades civiles, militares y de policía, y Colombia realizará los esfuerzos necesarios para mantener su presencia efectiva en la zona de frontera común.

La aceptación de estos puntos exigidos por el canciller ecuatoriano, Fander Falconí, en las conversaciones sostenidas en Nueva York esta semana con su homólogo colombiano, Jaime Bermúdez, se reflejan en el comunicado conjunto junto con los puntos discordantes en los cuales no hubo acuerdo.

Entre ellos, el comunicado señala que los asuntos legales, en trámite ante los organismos internacionales competentes, no serán objeto de discusión en este proceso de diálogo, a menos que las dos partes así lo acuerden.

Colombia manifiesta que no reconoce la jurisdicción extraterritorial de la justicia ecuatoriana para investigar y juzgar a funcionarios y ex funcionarios colombianos (acusados por las muertes de ciudadanos ecuatorianos en Angostura).

El gobierno del Ecuador manifiesta, por el contrario, que reconoce la independencia de funciones del Estado, respeta y acata la normativa y los procesos que lleva a cabo el Poder Judicial dentro del territorio nacional y la normativa internacional sobre jurisdicción y competencia.