El viceministro de Relaciones Exteriores, Hugo Fernández, confirmó que a través de la embajada en Lima entregarán las evidencias necesarias que involucran a esas ex autoridades del gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada (2002-2003) en la represión policial a una manifestación en octubre de 2003 con saldo de 68 muertos y más de 400 heridos.

Fernández precisó que la solicitud fue revisada y adecuada para que esté en concordancia con la legislación peruana, luego de que le fueron enviadas por la Corte Suprema de Justicia.

La víspera, esa instancia confirmó estar plenamente constituida para proseguir el juicio de responsabilidades contra Sánchez de Lozada, sus ministros y ex jefes militares.

Luego de la renuncia de uno de los ocho vocales, el Tribunal debió decidir si reanudar o paraliza el juicio por la masacre de octubre de 2003, conocida como Octubre negro.

La vista inició en mayo último, cuando la Corte Suprema declaró en rebeldía a los implicados ausentes y dispuso su aprehensión.

Según el Tribunal de Sentencia, bajo ese recurso se encuentra Sánchez de Lozada, exiliado en Estados Unidos, y seis de sus ex ministros, todos acusados por los sucesos de octubre de 2003.

Además del ex mandatario están señalados los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague, Hugo Carvajal Donoso, Guido Añez Moscoso, Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa.

También acusan a Mirtha Quevedo, Jorge Torres y Javier Torres, estos tres asilados en Perú.