La protesta, protagonizada por ciudadanos de diversas nacionalidades, en particular africanos y latinoamericanos, comenzó este jueves en la ciudad de Barcelona y concluirá a fines de octubre en Madrid.

Entre 70 y 100 personas, pertenecientes fundamentalmente a asociaciones catalanas, partieron de la principal urbe de la Comunidad Autónoma de Cataluña, con el objetivo de llegar a la capital del país ibérico entre los días 21 y 25 del próximo mes.

Según la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés (FAIV), organizadora de la marcha, los manifestantes recorrerán a pie el trayecto entre Barcelona y Madrid, de unos 700 kilómetros, por etapas de 25 kilómetros diarios.

Por el camino, se alojarán en refugios, iglesias y otros locales cedidos por asociaciones solidarias con la iniciativa, precisó la FAIV.

Entre sus aspectos más polémicos, el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, presentado en junio pasado por el gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, amplía de 40 a 60 días el plazo de retención de los indocumentados en los denominados centros de internamiento.

La modificación limita, además, la reagrupación familiar para los ascendientes (padres y abuelos), quienes sólo podrán venir a España si son mayores de 65 años y si el inmigrante que lo solicite acredita cinco años de residencia legal.

A juicio de observadores, este cambio pretende frenar el arribo de sin papeles en edad de trabajar en plena crisis económica, situación que tiene en el desempleo a unas cuatro millones de personas en esta nación europea.

En el capítulo de ampliación de derechos, los hijos a partir de los 16 años y el cónyuge o pareja de hecho reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio inexistente hasta ahora.

La nueva normativa se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, donde podría sufrir cambios hasta su aprobación definitiva, prevista para finales de año, de acuerdo con todos los pronósticos.

Para las organizaciones que respaldan la marcha entre las dos principales ciudades españolas, el proyecto de ley contempla a las personas emigradas únicamente como medios de producción y no como seres humanos con plenos derechos.

La Red Estatal por los Derechos de los Inmigrantes (REDI), integrada por diversos colectivos sociales, denunció que la futura norma profundizará en una visión de la inmigración como problema eminentemente policial y criminalizará a las personas de origen extranjero.

Un derecho tan básico para cualquier persona como es el derecho a vivir en familia se ve seriamente amenazado, declaró la REDI en un reciente comunicado.

En su criterio, la proyectada legislación lesiona de manera grave las libertades de la población foránea y perjudica los valores de convivencia de la sociedad española.

Por su parte, la Coordinadora de ONG de Desarrollo (CONGDE) advirtió hace una semana que la venidera modificación lesionará en forma severa la credibilidad de este país ibérico y endurecerá las condiciones de vida de los inmigrantes.

Estimó la CONGDE que las restricciones a la reagrupación familiar planteada por el proyecto vulnera no sólo el derecho a vivir en familia.

Repercute también en uno de los principales mecanismos de desarrollo de los países de origen: la cuantía de las remesas enviadas por los inmigrantes es equiparable al presupuesto de Ayuda Oficial al Desarrollo del conjunto de la Unión Europea.

La citada coordinadora considera injusto el retroceso en derechos y el endurecimiento en las condiciones de vida de los extranjeros, cuando han contribuido al crecimiento económico de España, a garantizar su sistema de protección social y a enriquecer su capacidad de tolerancia y diversidad.