SANTIAGO de Chile, septiembre (Tierramérica).— El agua debe ser declarada "patrimonio común" de la humanidad y deben "retroceder" la minería y la agroindustria de exportación, dijo a Tierramérica la canadiense Maude Barlow, quien desde hace 20 años investiga y denuncia la degradación y privatización de los recursos hídricos.

Barlow es presidenta del Council of Canadians, la mayor organización ciudadana de su país, y en el 2005 recibió el Right Livelihood Award, o premio Nobel alternativo. Con 16 libros en su haber, hoy asesora al hasta ahora presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el nicaragüense Miguel d'Escoto.

Tierramérica conversó con ella en Chile, donde presentó su última obra: El convenio azul: La crisis global del agua y la batalla futura por el derecho al agua.

¿Cuál es la situación de los derechos del agua en el mundo?

MAUDE BARLOW: Este es el tema más contencioso en la discusión mundial sobre el agua: si se va a mantener como un patrimonio de la humanidad y un bien común o va a convertirse en una mercancía a la que se puede acceder a través de las reglas del mercado.

Este debate se da porque el mundo se está quedando sin agua. Vamos hacia un tiempo donde dos tercios de la humanidad no van a tener acceso al agua.

Hay compañías, inversionistas y algunos gobiernos que han decidido que el mercado decidirá sobre la disponibilidad de agua. Esto tiene tres grandes problemas.

El primero es que el agua iría solamente hacia aquellos que podrían comprarla, no necesariamente a los que la necesitan. El segundo es que, obviamente, no habría ninguna protección del agua para la reproducción de la naturaleza. Y el tercero es que se generaría un desincentivo para proteger las fuentes hídricas, porque mientras más escasa sea el agua limpia más alto será su precio.

MB: Es muy pequeño todavía, entre 10 y 15% de los sistemas mundiales de agua potable y saneamiento. Incluso hay un retroceso porque muchas municipalidades están recuperando sistemas públicos después de haberlos privatizado. Nuestro ejemplo favorito es París, que estuvo casi 100 años bajo un sistema privado y ahora ha recuperado el agua para la gestión pública.

La otra forma de privatización es a través del embotellado. Esa es una gran batalla en muchas comunidades del mundo.

La última tendencia es la privatización a través de derechos: el agua es considerada un derecho de propiedad privada, vendida y comprada incluso por intermediarios (que cobran comisiones en el proceso de comercialización).

También se están estableciendo bancos de agua. El principal problema es que se han generado más cantidad de derechos que el agua que físicamente existe. Pero, por suerte, hay muy pocos países que han probado este sistema.

Chile es uno de ellos y es el más extremista. Otros países que están apenas empezando son España, Australia, y en parte Estados Unidos y Canadá.

Otro de los últimos extremos en esta tendencia de mercado es que países ricos que no tienen mucha agua, como Japón, Arabia Saudita y algunos europeos, están comprando tierras en naciones pobres solamente para acceder a sus recursos hídricos. Empezaron en África y ahora se están moviendo hacia América Latina.

MB: Probablemente tiene la mayor disponibilidad mundial de agua por persona, porque posee muchos recursos hídricos. Pero en la práctica tiene una de las menores disponibilidades. Y hay tres razones para ello: la contaminación masiva de aguas superficiales y también de algunas subterráneas, la inequidad en el acceso y la privatización.

MB: Que la Asamblea General adopte un programa y una resolución que reconozcan la crisis mundial del agua. El plan debería basarse en tres principios.

El primero es la protección de las fuentes de agua dulce y su restauración en todos los países. El segundo es que el agua tiene que ser considerada como un patrimonio común. Debe asegurarse que todas las personas tengan acceso equitativo a ella. Esto implica priorizar su uso para la producción alimentaria local, lejos del monocultivo para exportación.

Y el tercer principio es establecer su acceso como derecho humano. Sería un error que cualquiera pudiera apropiarse del agua, cuando hay mucha gente muriendo por su falta.

Nosotros reclamamos que los países cambien sus constituciones, como Uruguay lo hizo hace tres años, para adoptar esta concepción que da al Estado la responsabilidad de mantener el agua limpia y asegurar su acceso.

MB: La minería tiene que retroceder. Las compañías mineras no pueden seguir contaminando el agua. Hay compañías mineras que prácticamente están gobernando algunos países. Y eso tiene que cambiar porque los gobiernos son para el pueblo y el pueblo debe formular las políticas.

El uso comercial del agua, incluida la minería, está después de las prioridades anteriores. Se debe solicitar un permiso y pagar por él, y si se destruyen las fuentes o se contamina el agua, los permisos deberían ser cancelados.

Hay dos sectores que van a sufrir: las mineras (con mucha infelicidad tengo que decir que gran parte de las compañías mineras en Chile son canadienses) y la gran agroindustria de exportación.

MB: La movilización lo es todo. Los cambios vienen desde la base. Yo he visto a la gente más pobre del mundo ponerse de pie para luchar por el agua, y es porque sin agua morimos. Recuerdo a un anciano en Cochabamba, Bolivia, que estaba en un enfrentamiento y yo le pregunté por qué peleaba. Me contestó que prefería morir de una bala a que sus hijos murieran por agua sucia.