Recientemente el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros reconoció el abnegado esfuerzo que realizan los trabajadores docentes y no docentes del Sistema Nacional de Educación y Educación Superior que laboran en la actividad presupuestada, con la elevación del salario mensual. El incremento se hizo efectivo a partir del primero de septiembre.

En los últimos 10 años el salario medio en este sector se ha duplicado: de 248 pesos en 1999, a 534 hoy. Desde entonces, la cantidad de dinero erogado del presupuesto estatal a tal efecto, prácticamente ha sido triplicada: de 280 millones a 820 millones de pesos.

La decisión del Gobierno incluye el deber de estos trabajadores a contribuir, en dependencia de sus ingresos, a la Seguridad Social, tal como prevé la Ley Tributaria cubana.

Actualmente tal contribución —ascendente hasta el 5% de los ingresos—, la realizan quienes laboran en las empresas en perfeccionamiento empresarial, en la flota pesquera de plataforma, en Fiscalía y Tribunales. En total, suman 526 916 personas que aportan una modesta suma a los fondos de la Seguridad Social, en momentos en que nuestra población alcanza una esperanza de vida superior a los 77 años y experimenta un proceso de envejecimiento.

Implementación gradual

La contribución de los trabajadores a la Seguridad Social no es un tributo nuevo, es una modalidad prevista en la Ley 73 del año 1994, Ley Tributaria.

El sistema tributario cubano está compuesto por 11 impuestos; tres tasas: por peaje (al transitar por determinados tramos de autopista), por servicios aeroportuarios internacionales, y por la ubicación de anuncios o propaganda comercial; y una contribución a la Seguridad Social dividida en dos modalidades: la abonada directamente por el empleador y la que aportan los trabajadores.

La implementación de esta contribución ha tenido un carácter gradual. No se trata de que todos los trabajadores de manera inmediata comenzarán a brindar este aporte ya establecido, sino aquellos sectores que reciban un incremento en sus ingresos.

Al inicio se exigía exclusivamente a los empleadores, es decir, a las entidades, las cuales contribuyen con un por ciento de sus ingresos a la Seguridad Social de la nación. Este dinero engrosa el Presupuesto del Estado, del que se erogan todos los gastos relacionados con las prestaciones por jubilaciones y otras garantías de las que disfrutamos los trabajadores.

Ya a finales de la década de los 90 se implementó el pago de la contribución especial a las entidades en perfeccionamiento empresarial, y más tarde a los trabajadores de la flota pesquera de plataforma, quienes —mediante la Resolución 247 del 2005— aportan el 5% de sus ingresos. Estos sectores disfrutan de formas de pago con estimulación y retribución diferenciadas.

El pasado año, al poner en vigor la Resolución 105, el Ministerio de Finanzas y Precios estableció: "Están sujetos al pago de la contribución especial a la Seguridad Social los trabajadores de las empresas, unidades presupuestadas, organizaciones, asociaciones y demás entidades a los que se apliquen incrementos salariales a partir del mes de mayo del 2008".

La contribución del trabajador estará en dependencia de la escala salarial donde esté ubicado, y va del uno al 5%. A mayor retribución salarial, mayor aporte a la Seguridad Social.

El trabajador no tiene que realizar el pago directamente, se le descuenta por nómina. Este tributo se realiza a partir de la figura de la retención. La entidad retiene del salario el por ciento correspondiente y lo aporta al Presupuesto del Estado, unido a la cantidad con la que debe contribuir como empleadora.