.— El viceministro boliviano de
Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, denunció hoy la doble
moral de la justicia estadounidense que por un lado impone duras
condenas a antiterroristas mientras por otro encubre a connotados
asesinos.
La afirmación de Chávez responde a la detención arbitraria en el
país norteño hace ya 11 años de cinco jóvenes cubanos sobre quienes
recayeron severas penas solo por frustrar planes extremistas contra
el Estado caribeño.
En declaraciones a Prensa Latina, el viceministro, abogado de
profesión, calificó el hecho de una terrible injusticia, la cual
tiene que ser reparada, agregó.
Es vergonzoso que en Estados Unidos hayan adoptado esa actitud,
cuando el mundo entero sabe que verdaderos terroristas reciben asilo
en ese país, e incluso, financiamiento para realizar sus actividades
ilegales, sentenció.
Según la autoridad,
Fernando González,
René González,
Gerardo Hernández,
Ramón Labañino y
Antonio Guerrero fueron sometidos a una reglamentación total
de ilegalidad, bajo un proceso indebido y con presunción de
culpabilidad.
Manifestó que el caso debe ser revisado por un sistema mundial o
interamericano porque la administración de justicia en la nación
norteña siempre se parcializará con los intereses de los poderosos,
y evidentemente, el caso de los patriotas cubanos, no es de su
incumbencia.
Los juristas de Latinoamérica no nos quedamos callados,
aprovecharemos todas las tribunas posibles para denunciar la
arbitrariedad, subrayó Chávez.
Instó a los movimientos internacionales en todos los continentes
a pronunciarse a favor de la causa de los cinco cubanos y reforzar
la lucha como alternativa primordial para el logro de su regreso a
la Patria, junto a su familia y su pueblo.
Por otro lado, consideró como un atentado a los derechos
esenciales de las personas la negativa de visa a Adriana Pérez,
esposa de Gerardo, quien está condenado a doble cadena perpetua más
15 años de privación de libertad.
En julio último, la Sección de Intereses de Estados Unidos en La
Habana le negó el permiso a Pérez por décima vez, con el argumento
de que constituye una amenaza a la estabilidad y seguridad de ese
país.