Desde el inicio de los debates en el congreso sobre las modificaciones a la Carta Magna sectores sociales y organizaciones feministas se han opuesto al artículo 30, el cual establece el derecho a la vida desde la concepción.

Las organizadoras se proponen caminar desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta la sede del Congreso, una distancia de alrededor de un kilómetro que atravesará varias avenidas céntricas.

En su forma actual, el aparte cuenta con el apoyo de la influyente iglesia católica, que no ahorra anatemas contra quienes propugnan su modificación.

El texto entra en breve en segunda lectura bajo presiones del clero católico y otras denominaciones cristianas, opuestas a ultranza a una modificación que deje un resquicio a la terminación de embarazos indeseados.

La apóstol de la campaña es la feminista Denise Paiewonsky, quien alertó que la aprobación del acápite significará un retroceso al medioevo de los derechos de la mujer.

Paiewonsky advirtió que, de aprobarse, el país será criticado por organismos internacionales debido a que obstaculiza y penaliza el uso de métodos anticonceptivos aceptados de manera universal, tales como la pastilla del día después y los dispositivos intrauterinos.

También alega que obliga a parir hijos consecuencia de violaciones sexuales y a la muerte a las madres cuyos embarazos son riesgosos para ellas y las criaturas.

Algunos medios califican el debate de académico y de forma, ya que en el país se realizan cada año decenas de miles de legrados, muchos de ellos en condiciones artesanales que ponen en peligro la vida de las parturientas.

En los segmentos más pobres, las mujeres se provocan las interrupciones de la preñez por los medios más disímiles y, en el mejor de los casos, acuden al hospital para que completen el acto.

A pesar de los razonamientos, las jerarquías religiosas se mantienen inflexibles y de manera tácita han amenazado con la excomunión a los legisladores de ambos sexos partidarios del relajamiento de las disposiciones en estudio.