El padre Tamayo precisó que el pasado miércoles funcionarios de Inmigración le informaron que había sido anulada su acta de naturalización obtenida tras 22 años de residencia en el país.

Agregó que también la jerarquía católica lo privó de su parroquia en la ciudad de Salamá, en el nororiental departamento de Olancho, de la cual se encuentra ausente hace una semana.

El religioso es originario de El Salvador, pero ha realizado toda su vida misionera en Honduras, en estrecha unión con los sectores humildes del país, donde también desarrolla una intensa actividad en defensa de la naturaleza.

La iglesia prohíbe que yo siga caminando con el pueblo, afirmó ayer en una asamblea del Frente Nacional contra el golpe de Estado, una vasta alianza de fuerzas progresistas creada tras la asonada castrense del 28 de junio pasado.

Uno de los acuerdos del encuentro, de carácter nacional, es mantener una solidaridad activa con el sacerdote para evitar sea expulsado del país.