CARACAS, 2 de septiembre (PL).— La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, informó hoy que el Ministerio Público realizó unas dos mil diligencias en tres meses para determinar las responsabilidades penales de los involucrados en El Caracazo, ocurrido hace 20 años.

Este miércoles se trazaron estrategias para adelantar el proceso de exhumación de los restos de las víctimas durante un encuentro de Ortega con un equipo multidisciplinario integrado por autoridades de organismos vinculados, refiere una nota de esa instancia.

La Fiscal destacó la necesidad de exhumar e identificar los cadáveres ubicados en el sureño cementerio de La Peste en la capital, luego de un diagnóstico sobre las condiciones del lugar donde permanecen los asesinados tras la inspección realizada entre el 4 y 19 de agosto.

Significó la importancia de dar respuesta a ese estallido social que cambió la historia del país, tras ser reprimida la población que manifestaba su descontento con las políticas adoptadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, un evento que causó centenares de fallecidos, heridos y lesionados.

En marzo de 1995, recordó, algunos familiares de las víctimas demandaron al Estado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por no haberse realizado una pesquisa destinada a determinar la responsabilidad de los autores de tales crímenes.

Después, puntualizó, el Ejecutivo en audiencia pública del 10 de noviembre de 1999 admitió los hechos, cuestión que dio origen a una sentencia sobre reparaciones y costas en agosto de 2002.

La sentencia de la CIDH condenó al Estado venezolano a la indemnización de los familiares de las masacrados, culminar la investigación, establecer la responsabilidad y localizar, exhumar, identificar y entregar los restos de las muertos y a sus familiares.

Al respecto en decreto presidencial se exhortó al Ministerio Público a la revisión de los expedientes con la finalidad de determinar la viabilidad de la indemnización para así cumplir con la sentencia.

El Ministerio Público convocó a las víctimas y familiares de los fallecidos para que consignen una serie de documentos necesarios para los procedimientos que adelantan los fiscales encargados de la investigación.

Hasta este miércoles han acudido unas personas vinculadas con las víctimas de El Caracazo.

En el mencionado caso se han realizado dos acusaciones, imputaciones y existe una orden de captura contra el ex presidente Carlos Andrés Pérez (1989- 1993).

Para realizar las excavaciones previstas se requiere coordinar las designaciones de los tribunales de control que conocerán las solicitudes correspondientes.

El Caracazo, también conocido como el 27 de Febrero o el 27F, fue un acontecimiento popular de protesta contra las políticas neoliberales del segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993).