UNASUR y masacre de indígenas centran semana noticiosa en Colombia

BOGOTÁ, 29 de agosto (PL).— La cumbre extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en Argentina, y la masacre de 12 indígenas de la etnia Awa en el departamento de Nariño, así como el proyecto del referendo reeleccionista centraron la semana noticiosa en Colombia.

Si bien en la reunión de Bariloche, Argentina, quedó evidenciado el asilamiento del presidente Álvaro Uribe en la región, a raíz de permitir en su país la presencia de soldados estadounidenses, el gobierno colombiano insiste en que salió bien librado de la magna cita.

Para Bogotá, pese a las expectativas que tenía por el rechazo de la UNASUR al acuerdo militar con Washington, no hubo consenso en ese sentido, y además se anota como un elemento a favor el haber introducido puntos en la declaración final, que tienen que ver con la cooperación en la lucha contra el terrorismo.

El Ejecutivo colombiano también considera como favorable- según ha expresado- el que Uribe haya logrado darle un giro al debate y concertar avances en las relaciones diplomáticas con Ecuador, las cuales están rotas desde hace más de un año.

Lo cierto es que en la cumbre quedó claro que la presencia de tropas norteamericanas en siete bases militares colombianas constituye un riesgo para la región y que sólo cuenta con el respaldo del presidente Uribe.

A su vez, el jefe de Estado guardó silencio cuando otros mandatarios le pidieron que mostrara el texto del pacto militar, en virtud del cual habrá permanentemente en Colombia, por lo menos mil 400 soldados estadounidenses, 800 de manera directa y otros 600 bajo condición de contratistas.

En tanto, el hecho de no permitir presencia militar extranjera que ponga en riesgo la democracia y la soberanía del subcontinente constituye un importante paso logrado en la reunión del bloque integracionista, en opinión de expertos y observadores.

Asimismo, en la cumbre se reiteró la necesidad de continuar los esfuerzos para convertir a la región en una zona de paz, como lo recoge el primer punto del acuerdo rubricado por 12 jefes de Estado.

Por otra parte en la semana también fue noticia la masacre de 12 indígenas de la etnia Awa, entre ellos cinco niños, en el departamento fronterizo de Nariño, lo cual mantiene conmocionada a la sociedad colombiana y la opinión pública internacional.

Los hechos, acorde con las informaciones que manejan las autoridades, se registraron durante la madrugada del pasado miércoles, cuando los victimarios llegaron hasta las viviendas de los indígenas y dispararon indiscriminadamente contra ellos.

Tras la matanza, el presidente de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), Gabriel Bisbicus, denunció que estos actos de violencia apuntan a un exterminio del pueblo Awá por fuerzas oscuras, con la complacencia de los organismos de seguridad del Estado.

De otra parte, el proyecto de referendo reeleccionista también centró la semana noticiosa, cuyo debate en la Cámara de Representantes quedó postergado para la semana próxima ante las denuncias e irregularidades en torno a esta iniciativa, que busca habilitar a Uribe a un eventual tercer mandato consecutivo en 2010.

El precandidato presidencial por el Partido Liberal Rafael Pardo radicó el pasado miércoles en la Corte Suprema de Justicia una denuncia contra 13 congresistas de la coalición gubernamental por el delito de prevaricato.

Según Pardo, los 13 representantes respaldaron con sus firmas el documento de conciliación del referendo reeleccionista, sin declararse previamente impedidos.

Señaló que esto es una muestra más de que el referendo en todos sus pasos tiene acumuladas ilegalidades.

Reiteró que es también ilegítimo parte de los votos que se han logrado. "Son votos que han sido obtenidos con prebendas que ha otorgado el gobierno", apostilló.

La polémica sobre las prebendas fue desatada durante las sesiones de la Cámara en torno a la conciliación del proyecto reeleccionista por el representante del oficialista Cambio Radical Jorge Rozo, quien afirmó que una funcionaria del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) lo buscó a nombre del gobierno para ofrecerle beneficios por votar a favor de la iniciativa.

 

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