En la declaración final de la cita, que dejó al desnudo la
fragilidad de los argumentos sostenidos por Colombia para ceder el
uso de siete bases a militares estadounidenses, los mandatarios
manifestaron su deseo de defender la región como una zona de paz y
reafirmaron su "compromiso de fortalecer la lucha y cooperación
contra el terrorismo y la delincuencia organizada".
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reclamó a su homólogo de
Colombia, Álvaro Uribe, esclarecer el contenido del pacto con EE.UU.,
pues por las informaciones aparecidas en la prensa y el sitio web
del Departamento de Estado norteamericano, se están negociando 20
puntos.
En opinión de Chávez, lo que necesitan los colombianos y los
demás pueblos del área es el logro de la paz en esa convulsa nación,
en vez de más militarismo como prevé el convenio promovido por
Uribe, y la administración de Barack Obama.
El gobernante ecuatoriano, Rafael Correa, presidente en turno de
UNASUR, coincidió con Chávez, e instó a Uribe a presentar el
documento del acuerdo militar, tras escuchar sus argumentos en
defensa del pacto con Washington.
La presencia de esas instalaciones del Pentágono en suelo
colombiano aumenta el ya grande desequilibrio militar en la región,
manifestó Correa, quien realizó una detallada exposición en la que
fundamentó por qué resulta innecesario recurrir a la ayuda militar
de Estados Unidos para, presuntamente, combatir el narcotráfico y el
terrorismo.
Mencionó el completo fracaso del Plan Colombia, que pese a un
desembolso multimillonario desde el año 2000 no logró cumplir
ninguno de los tres objetivos que se propuso. "Es falso que esas
bases estarán bajo control del Gobierno (colombiano). Es imposible
porque nuestras naciones no tienen los mecanismos técnicos para
monitorear a las fuerzas norteamericanas", agregó.
Por si esto no fuera grave, subrayó, a eso se suma la
extraterritorialidad de los militares de la nación norteña, que hace
imposible juzgarlos ante cualquier delito.
Por su parte, el mandatario de Bolivia, Evo Morales, propuso
realizar un referendo sobre la presencia de las bases militares de
Estados Unidos en los países de América Latina.
Evo recordó las nefastas consecuencias de la presencia
norteamericana en la región, y denunció la participación del Comando
Sur de Estados Unidos en el reciente golpe de Estado en Honduras.
Advirtió que el despliegue de soldados estadounidenses en
Colombia para supuestamente luchar contra el narcotráfico, no es más
que un pretexto del imperialismo para el dominio y control de las
naciones sudamericanas.
En ese sentido, la dignataria argentina, Cristina Fernández,
quien dirigió el debate, subrayó que de la lectura del Libro Blanco
del comando de movilidad aérea de Estados Unidos, citado antes por
Chávez, se infiere que el establecimiento de bases militares parece
más un dispositivo para guerras convencionales que para combatir el
narcotráfico.
Nunca he visto bombardear cargamentos de drogas; eso no se
combate con aviones F-16 o C-17, ni con el emplazamiento de radares,
sostuvo la anfitriona.
También el jefe de Estado paraguayo, Fernando Lugo, manifestó su
preocupación porque las bases militares norteamericanas puedan
amenazar la soberanía del área y consideró que la seguridad de
nuestros países está en juego, antes de solicitar al Gobierno
colombiano abrir las fronteras para que pueda investigarse si hay o
no amenaza a la paz.
Entretanto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
pidió garantías jurídicas de que la presencia de tropas de Estados
Unidos en Colombia se limitará a ese país y no afectará a los
vecinos.
Lula exigió además que se ampliara la discusión, no solo para
analizar el papel de esas tropas estadounidenses en Colombia, sino
el rol de Estados Unidos en América Latina.
Mientras, el mandatario colombiano Álvaro Uribe dijo que su
Gobierno acepta que el acuerdo sea estudiado por el Consejo de
Defensa de Unasur, sin embargo, afirmó que el acuerdo con Estados
Unidos para la instalación de militares norteamericanos en bases
colombianas ya está cerrado.
Uribe intentó defenderse reclamando en contrapartida que el
organismo analice todos los acuerdos militares de los países de la
región, las denuncias de su Gobierno sobre el tráfico de armas en el
área, las bases de grupos armados ilegales en países vecinos y la
"permanencia de terroristas condenados por asesinato en otros
países".