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Insta ministro a la paz ante marchas de mañana en Venezuela

CARACAS, 21 de agosto (PL).— El ministro venezolano de Interior y Justicia, Tareck el Aissami, llamó hoy a la paz a simpatizantes y opositores del gobierno de Hugo Chávez que mañana marcharán para manifestar sus criterios respecto a la nueva ley de Educación.

El Aissami destacó que este viernes se reunió con el miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Darío Vivas, y el dirigente del Comando Nacional de la Resistencia, Oscar Pérez.

Informó que Pérez, representante de los opositores, abandonó la mesa de trabajo por estar en desacuerdo con el tema de la ruta para la marcha por el centro de Caracas.

Si los opositores convocan a hechos de violencia tendrán que responder ante las autoridades venezolanas, advirtió el Ministro.

Insistió en la necesidad de expresar los distintos criterios en un clima de tranquilidad, en respeto a las leyes y dentro de la democracia constitucional.

Según el titular para la protección de la integridad física de los manifestantes están garantizados seis puntos de asistencia sanitaria, 50 paramédicos y 10 ambulancias.

Destacó que queda prohibido portar armas de fuego, así como el expendio o la ingestión de bebidas alcohólicas durante las marchas.

El Ministro precisó la víspera que ambas movilizaciones estarán resguardadas por más de dos mil 500 efectivos de los diversos cuerpos policiales para evitar hechos de violencia o algún tipo de alteración del orden público.

La ley de Educación fue promulgada el pasado sábado por Chávez, luego de la aprobación en la Asamblea Nacional.

El instrumento jurídico es defendido por los seguidores de Chávez porque garantizará mayor acceso a la enseñanza de los sectores de menores ingresos, pero tiene la oposición de escuelas privadas y partidos de derecha.

Ambas manifestaciones se realizarán en un clima político muy polarizado entre partidarios y opositores de Chávez, incluyendo llamados de algunos grupos a desconocer la nueva normativa durante el próximo curso escolar.

La legislación elimina el cobro de matrículas y otros pagos en la enseñanza pública, establece la supervisión de los recursos entregados a universidades autónomas y elimina exámenes de ingreso en la enseñanza pública, entre otros aspectos.

 
 

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