Para el Frente Nacional contra el Golpe de Estado, los encartados son prisioneros políticos y sobre ellos penden imputaciones sin sustento legal.

El Ministerio Público los acusa de sedición y otros delitos, pero la jornada inicial de la audiencia fue suspendida ayer a falta de pruebas.

El juez de lo penal, Esteban Quevedo, dio tiempo a la Fiscalía para presentar evidencias de las presuntas infracciones.

Desde el jueves de la semana anterior la Fiscalía interpuso el requerimiento ante el Juzgado de lo Penal de esta ciudad.

Sin embargo, sólo está claro que los presos eran parte de los miles de ciudadanos movilizados en las calles de Tegucigalpa para reclamar el retorno del orden constitucional.

De los acusados, 11 permanecen recluidos con detención judicial en la Penitenciaría Nacional y los otros 13 recibieron medidas sustitutivas de prisión, aunque todos están sujetos a proceso judicial.

Los retenidos llegaron a la sede del tribunal, esposados de pies y manos, como suelen trasladar a criminales de alta peligrosidad, reseñó el diario Tiempo.

Durante la primera jornada del juicio, la Fiscalía presentó como pruebas el relato de varios policías, pero el abogado defensor, Marco Tulio Amaya, argumentó que las tales declaraciones carecen de valor para presentarse como evidencias contundentes sobre los actos imputados.

Los testigos, advirtió el jurista, son los mismos policías que los arrestaron.

Desde el 28 de junio último, tras la asonada militar, comenzaron las denuncias sobre la violencia del ejército y la policía contra los simpatizantes del depuesto presidente Manuel Zelaya.

Sobre esos hechos recibe información aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyas evaluaciones preliminares se presentarán este viernes.