.— Las fuerzas populares de
Honduras ampliarán hoy sus acciones de protesta contra el golpe
militar de junio pasado y a las marchas de cada día sumarán una
nueva caravana de vehículos.
Las dos demostraciones fueron convocadas por el Frente Nacional
contra el golpe de Estado, que destacó que se trata de la jornada
número 53 consecutiva en demanda de restitución del orden
constitucional.
Los golpistas están desmoralizados por la larga lucha pacífica
del pueblo, cuya victoria se está acercando, afirmó ayer el
coordinador general del Frente, el líder sindical Juan Barahona.
Los miembros del Frente se reunirán a partir de las 08:00 horas
en la Universidad Pedagógica Nacional, donde la dirección colegiada
decide las actividades de la jornada, que incluye una caravana de
vehículos en la tarde.
El punto de encuentro de esta última es una zona próxima a la
Universidad Nacional Autónoma conocida como Planeta Zipango, de
donde partió anoche una demostración similar contra la asonada
castrense que depuso a Manuel Zelaya.
En la jornada de este martes los opositores al gobierno de facto
hicieron un plantón ante la Corte Suprema de Justicia para demandar
la libertad de 24 miembros de la resistencia que consideran
prisioneros políticos.
Justicia, justicia, clamaron los manifestantes frente al enorme
edificio de la institución, fuertemente custodiado por tropas del
ejército y de los cuerpos especiales antimotines conocidos como
Cobras.
La demostración coincidió con una audiencia judicial para la
presentación de los cargos por los supuestos delitos de esas
personas, que continuará hoy tras un recurso de recusación de la
defensa contra los fiscales.
Nuestros compañeros no han cometido ningún delito, quienes deben
estar presos son los golpistas, que violaron la constitución, afirmó
Barahona, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores.
Agregó que la presencia de varios miles de personas en las
afueras de la Corte es un gesto solidario que demuestra que los
detenidos no están solos.
Las protestas populares coinciden con la presencia en el país de
una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
que recoge testimonios sobre las violaciones a esas garantías
después del golpe.