LA PAZ, 18 de agosto.— La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Bolivia de transferir a Santa Cruz la investigación de hechos de terrorismo suscita hoy nuevas manifestaciones de rechazo.

Fueron difundidas ampliamente las imágenes sobre los medios con que contaba la célula terrorista.

Por su parte, el Ejecutivo ratificó que impulsará un juicio de responsabilidades a esos magistrados.

De acuerdo con Marcelo Sosa, fiscal que sigue el caso de una célula terrorista neutralizada en abril último, se harán todas las gestiones para que los miembros detenidos de esa banda y sus financiadores respondan ante los tribunales.

Sosa adelantó a PL que presentará un amparo constitucional para anular la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Para otros, como el líder del comité cívico de Santa Cruz, Luis Núñez, la Corte solo cumplió con su papel de pasar a Santa Cruz el juicio por ser el lugar donde se perpetraron los supuestos delitos de terrorismo y separatismo.

Según el ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, no es permisible que un proceso tramitado legítimamente en la ciudad sede del gobierno, sea remitido a una instancia departamental.

Subrayó que los hechos investigados estaban dirigidos a escindir el país mediante la creación de un clima de terror y derramamiento de sangre, y por tanto, debían ser analizados en su totalidad en La Paz, como se procedió desde el principio.