Esta ley pone el marco para generar los cambios, subrayó la mandataria al promulgarla, luego de casi tres años de tramitación en el parlamento chileno.

Profesores, universitarios y funcionarios -que a comienzos de año protagonizaron masivas marchas de protesta- anunciaron, por otro lado, una movilización de rechazo por considerar que la nueva legislación no defiende la educación pública.

La LGE reemplaza la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, heredada del régimen militar, pero quedaron pendientes de aprobación una ley que crea la Superintendencia de Educación y la Agencia de Calidad, así como la Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública.