No es correcto, ni permisible que un proceso tramitado legítimamente en esta ciudad, sede del gobierno, sea remitido a una instancia departamental, dijo a la prensa el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce.

Subrayó que los hechos investigados estaban dirigidos a escindir el país mediante la creación de un clima de terror y derramamiento de sangre, por tanto, debían ser analizados en su totalidad en La Paz, como se procedió desde el principio.

El pasado viernes, tres ministros y cuatro conjueces de la CSJ decidieron que el conflicto de competencias planteado sea resuelto por vocales de la instancia departamental de Santa Cruz.

Para Arce la actitud de algunos miembros del máximo órgano judicial está al margen de la ley, con el claro propósito de proteger intereses mezquinos, sectarios y oscuros, lo cual el gobierno no permitirá, dijo.

Todos sabemos que nuestra justicia está plagada de vicios, pero si hay un departamento donde está demostrada su inoperancia e imparcialidad ese es Santa Cruz, manifestó el ministro.

Recordó que en esa región han ocurrido una serie de casos delictivos con evidencias físicas y personas detenidas y, sin embargo, ha prevalecido la impunidad y la injusticia.

La sociedad boliviana y el Estado no pueden confiarle a una justicia que ha actuado de esa manera uno de los casos más importantes que atentó contra la vida democrática e institucional del país, manifestó Arce. De acuerdo con las investigaciones sobre la red terrorista, los implicados en ese hecho en su mayoría son políticos y empresarios de Santa Cruz.

El grupo armado, liderado por el croata-boliviano Eduardo Rozsa Flores -muerto en el operativo junto a otros dos cómplices- pretendía, desde esa oriental región, desestabilizar y dividir a la nación andina.