Según una investigación realizada por el Componente de Transversalización de los Derechos de los Pueblos Indígenas, dependiente del ministerio de la Presidencia, los motivos principales radican en la agresión a su cultura, la invasión de sus tierras y el saqueo de sus recursos.

Tal situación conlleva a graves riesgos de salud, falta de servicios básicos, entre otros, explicó la especialista en pueblos vulnerables, Maritza Salazar, citada por el diario Cambio.

La mayoría de las comunidades expuestas viven en tierras bajas de Bolivia, sólo los urus en la parte altiplánica del departamento de Oruro, indicó la experta.

Subrayó que en la actualidad algunas de estas comunidades entraron en contacto con la sociedad moderna y otras aún están aisladas en la selva.

La incursión de hacendados y terratenientes madereros socava la estructura cultural de estos pueblos y prácticamente los condenan a la marginalidad y al etnocidio, advirtió Salazar.

Entre los asentamientos afectados figuran los weenhayek, ayoreo, cavideño, mosetén, cayubaba, entre otros.

Esas poblaciones originarias viven en zonas de difícil acceso, pero algunos emigran a los centros urbanos, donde se encuentran en las calles en condiciones de pobreza y exclusión social.

Antes de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), en febrero último, los pueblos indígenas no estaban reconocidos, por lo cual sus derechos eran vulnerables a ser atropellados.

De acuerdo con el encargado de temas indígenas del ministerio de Educación, Víctor Cuisara, los pueblos originarios viven en territorios a los que el Estado nunca había llegado.

Destacó la lucha de la actual gestión para reconocer y respetar los derechos de esas comunidades, tal como estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).