La vicepresidencia de la República fue autorizada a la creación de la entidad mediante resolución publicada en la Gaceta Oficial para amparar los riesgos provenientes del intercambio e inversión entre Venezuela y los países con que mantiene vínculos comerciales.

El documento precisa que con la aplicación de los acuerdos del ALBA y el Tratado de Comercio de los Pueblos se incrementarán las operaciones comerciales y de créditos a la exportación entre Venezuela y países miembros de la alianza.

Agrega que este riesgo debe ser cubierto por una empresa de seguros y de reaseguros con un margen de solvencia y capacidad económica suficiente cuando se requiere afrontar situaciones de siniestros.

Según la evaluación, Venezuela cuenta con recursos económicos necesarios para constituir una empresa pública estatal que posibilite la retención de algunos de los riesgos provenientes de otras empresas y entes del Estado.

Asimismo otros riesgos en el territorio nacional y que dada su cuantía no pueden ser asumidos en un porcentaje significativo por las empresas de seguros o de reaseguros privadas del país.

El decreto apunta que se necesita un nuevo concepto empresarial y una aseguradora que apoye a la mediana y pequeña empresas, microempresarios y cooperativas, acorde con realidades sociales que no encuentran solución en el mercado de seguros nacional.