La Comisión, formada por expertos de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, España y Suecia, realizó un amplio muestreo en Honduras de casos de violaciones de los derechos humanos durante y después del golpe.

Indica que las acciones contra el presidente José Manuel Zelaya el 28 de junio y denunciadas por miembros de la custodia del presidente constitucional, fueron el inicio de una constante escalada en las violaciones de los derechos de los hondureños.

El informe, dado a conocer en esta ciudad, plantea que es violatorio de derechos el cese en su cargo del presidente, al no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese y la designación del mandatario de facto, Roberto Micheletti.

Aborda la ilegalidad del Decreto Ejecutivo 011-2009 rubricado por el gobernante golpista, que restringe libertades contempladas en la Constitución del país.

Precisa que el anterior decreto no ha sido publicado hasta la fecha en el diario oficial de la república de Honduras.

Cabe señalar, subraya, que el artículo 211 de la Constitución de Honduras dispone que la publicidad de las normas constituye un requisito esencial de validez de estas .

Agrega el documento que el decreto de suspensión de los derechos fundamentales de los hondureños continúa siendo aplicado pese a haberse vencido el plazo de 72 horas de duración contemplado en el documento que dispuso estas restricciones.

La Misión, plantea el texto, muestra su perplejidad por la actitud de apoyo al golpe de Estado mantenida por la alta jerarquía católica y algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de apoyo convocadas por los golpistas.

Precisa que entre las violaciones se encuentra un importante numero de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias y múltiples amenazas.

El grupo constató una serie de transgresiones como desapariciones forzosas, reclutamiento forzoso de jóvenes por el Ejército y graves violaciones y restricciones a la libertad de expresión, entre otras.

Explica que el grupo recibió denuncias muy concretas de la actuación de paramilitares, compuestos por civiles vinculados a organizaciones de narcotraficantes y a equipos de seguridad privada al servicio de destacados empresarios del país que trabajan vinculados al XV Batallón del Ejército en el departamento de Colón.

En sus conclusiones, el grupo afirma que el decreto 11-2009, por sus vicios, hace ilegitimas las medidas adoptadas con fundamento al mismo por los golpistas.