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El gobierno boliviano anunció hoy que coordina con las autoridades
de Brasil y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), para
impulsar una política de asentamientos humanos en la frontera, sobre
todo en la región de Pando.
En ese sentido, el ministro de la presidencia, Juan Ramón
Quintana, señaló que trasladará a otros territorios a ciudadanos
brasileños que viven en zonas limítrofes nacionales sin autorización
ni amparados por la Ley.
Quintana recordó que de acuerdo con el artículo 262 de la
Constitución Política del Estado (CPE), ningún extranjero puede
adquirir propiedades en territorio nacional o tenerlas bajo
usufructo a 50 kilómetros de las zonas fronterizas.
Un informe del Viceministerio de Tierras, al que tuvo acceso
Prensa Latina, precisa que al estudiar esa zona y los títulos de
propiedad de las parcelas, se apreció que existen miles de
brasileños que se han instalado en territorio boliviano, donde
utilizan el patrimonio nacional para su beneficio.
En muchos de esos casos son personas que ingresaron ilegalmente
al país sin cumplir con los trámites migratorios de rigor para
residir y, en otros casos, hasta adquirieron tierras a latifundistas
locales a precios bajos, agrega ese texto.
Por su parte, el director nacional de Tierras, Cliver Rocha,
subrayó que los estudios muestran que esos sectores poseen aún
grandes extensiones, muchas de las cuales no cumplen ninguna función
económico-social y más bien son comercializadas.
Rocha subrayó que allí también grupos de poder explotan a los
nativos en una suerte de nuevos latifundios.
El Ejecutivo anunció que a finales de 2009 concluirá el estudio
de la titulación de las tierras y su uso, y en los casos necesarios
serán recuperadas y redistribuidas entre los campesinos e indígenas
de esas localidades amazónicas.
"Esas tierras serán ocupadas por bolivianos para sentar la
presencia del Estado en regiones inhóspitas que estuvieron sometidas
a la explotación de intereses que no son precisamente los
nacionales", dijo Quintana.
Bolivia también reforzó la presencia militar en las zonas
limítrofes con naciones vecinas en Beni, Pando y Santa Cruz, como
las que colindan con Brasil.
El funcionario remarcó que el Ejecutivo no dará un paso atrás con
estas medidas, tal como lo ha solicitado la oposición.
También en septiembre venidero, 700 familias de La Paz recibirán
208 mil hectáreas para su atención, agregó.
Según Quintana, estas medidas apuntan hacia un nuevo modelo
inclusivo, diversificado y basado en una política que concilia la
vocación productiva de la región y la redistribución de parcelas.