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Con la instalación de su Consejo Económico, la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se ubica hoy en un
escalón superior de cooperación y abre la posibilidad de una zona
financiera común.
La primera reunión de ese organismo, que comenzó ayer en Caracas,
cumple con acuerdos de la VI cumbre del ALBA encaminados a darle
mayor institucionalidad a la agrupación formada por nueve países de
América Latina y el Caribe.
El encuentro fue convocado para evaluar la condición de los
miembros en medio de la crisis financiera global; definir las
funciones del consejo ministerial de complementación económica y
asignar tareas a los integrantes.
La reunión de Caracas será seguida por otra el próximo 9 de
agosto en Quito para instalar oficialmente la Comisión Política, y
el día 21 sesionará en La Paz el Consejo Social del ALBA, también
como acuerdo de la VI cumbre.
Más que zona financiera tradicional, el consejo se propone
construir el mecanismo que garantice desarrollo compartido y
complementario para fortalecer capacidades productivas y generar
estabilidad social y política entre los miembros.
En opinión del ministro de Economía y Finanzas de Venezuela, Alí
Rodríguez, con este paso la región se coloca en la línea de
avanzada, junto a Rusia y Asia, en la creación de zonas monetarias.
En el caso del ALBA se trata del Sistema Único de Compensación
Regional (Sucre), cuya perspectiva, según expertos, es funcionar
como una especie de moneda virtual para el intercambio comercial del
grupo, sin tener que depender del dólar.
Este mecanismo debe constituir la base de un comercio de
complementación, perspectiva que será sometida a un análisis
profundo el próximo día 12 en Managua, en una reunión de ministros
de comercio para cruzar la información.
En ese encuentro, revelaron fuentes venezolanas, se analizarán
los excedentes de exportación de los nueve países, potenciales
excedentes y requerimientos de importación de cada uno para
conformar una base de datos.
El propósito es incrementar a corto plazo el intercambio
comercial entre los países del ALBA y unir esfuerzos en la actividad
productiva, para estar en mejores condiciones de satisfacer
requerimientos.
El proceso de cooperación y complementación económica que debe
apoyar el Sucre a mediano plazo marcha en un contexto difícil dado
por la situación económica mundial en los ámbitos financiero, de
energía y ambiente.
Al respecto, Rodríguez informó que en su primera reunión el
consejo económico del ALBA abordó el impacto de la crisis en los
países miembros, que provocó, en mayor o menor grado, la caída del
ingreso, las exportaciones y el Producto Interno Bruto.
La proyección del consejo económico abarca igualmente la creación
de empresas gran-nacionales (como se denomina en el grupo aquellas
conformadas por varios de los países integrantes), con respaldo del
Banco del ALBA.
De acuerdo con reportes de la reunión, la nueva estructura
económica se propone en el futuro convocar encuentros sobre turismo,
debido a las grandes potencialidades de la región, y transporte,
clave para el intercambio.
El ALBA integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica,
Honduras, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y
Venezuela fue creado en 2004 con la perspectiva de convertirse en
una agrupación de nuevo tipo.
Cooperación y complementación con respeto de las asimetrías y un
enfoque social, son características que diferencian la alianza de
otros acuerdos similares centrados en el comercio, que muchas veces
no cumplen las expectativas de los más pequeños.
Esta iniciativa se entrelaza con otras similares como el pacto
energético Petrocaribe, cuyo fondo financiero se relaciona con el
Banco del ALBA, que garantiza petróleo venezolano a los miembros en
condiciones beneficiosas.
El proceso de institucionalización del ALBA marcha parejamente
con el ataque al grupo denunciado por varios de sus líderes, que
consideran el golpe de estado en Honduras el primer paso de una
operación enfocada contra todos.
En el consejo económico, como en las otras acciones del grupo,
participan delegados del gobierno del presidente Manuel Zelaya, ante
la negativa colectiva de reconocer al gobierno de facto en ese país.