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La instalación de una comisión investigadora de los trágicos sucesos
de la Amazonía peruana de junio pasado, pactada por el gobierno y
los indígenas, fue exigida hoy por estos y puesta en duda por el
ejecutivo.
Mientras la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep)
demandó que la comisión sea instalada a la brevedad, el ministro de
Justicia, Aurelio Pastor, la descartó virtualmente al señalar que el
asunto debe quedar en manos del poder judicial.
La presidenta interina de Aidesep, Daysi Zapata, exigió al primer
ministro, Javier Velásquez, que deje de lado el discurso político y
viabilice la comisión independiente que investigue los
enfrentamientos del pasado 5 de junio.
Ese día murieron 24 policías y 10 civiles, según cifra oficial,
en la localidad nor selvática de Bagua, cuando la policía lanzó una
operación para despejar una carretera bloqueada por una vasta
protesta indígena.
Zapata acusó al gobierno de desatender el compromiso asumido en
julio pasado por el ministro de Agricultura, Carlos Leyton, de
formar una comisión independiente, de personalidades propuestas por
el ejecutivo y los nativos, para investigar los sucesos de Bagua.
Recordó que el 20 de julio Aidesep entregó a Leyton una lista de
integrantes de la comisión, pero hasta ahora el gobierno no acredita
la suya, y dijo esperar avances en una reunión que tendrá mañana con
el ministro del Ambiente, Antonio Brack.
Brack declaró en días pasados que la comisión está pendiente de
que el gobierno acredite a sus representantes, pero el ministro de
Justicia prácticamente la desahució.
Pastor dijo que el gobierno mantendrá el diálogo con los
amazónicos y dijo que no se puede permitir que ninguna comisión
interfiera ni condicione la labor del poder judicial, que debe
hacerse cargo de las investigaciones.
Pese a que un veedor de Naciones Unidos y amplios sectores
locales piden una investigación independiente, Pastor accedió
solamente a que el Congreso de la República -que tiene potestad para
hacerlo- forme un grupo de trabajo que indague sobre los sucesos de
junio.
El ministro de Justicia hizo declaraciones telefónicas desde
Ginebra, Suiza, donde presentará, indicó, un informe sobre las
políticas contra la discriminación en Perú.
Según la prensa local, Pastor deberá responder a preguntas del
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones
Unidas sobre denuncias de actitudes gubernamentales racistas contra
los nativos.
Otro tema pendiente, recordó Zapata, es la exigencia amazónica de
que el gobierno cese las acciones judiciales y la persecución contra
dirigentes indígenas, entre los cuales hay una veintena de presos y
tres exiliados.
Zapata conduce Aidesep porque el presidente de esta, Alberto
Pizango, esta exiliado en Nicaragua, a donde viajó en junio último
tras una orden judicial dictada bajo presión del gobierno, que lo
enjuicia por diversos delitos.