De acuerdo con el prefecto de Pando, Rafael Bandeiras, el comercio ilegal de madera, la expansión de los cultivos de soya con fines de exportación y la ganadería expansiva han dejado afectaciones en muchas parcelas.

El territorio boliviano tiene un millón 98 mil 581 kilómetros cuadrados y de esa extensión, el área amazónica es de 714 mil kilómetros cuadrados, lo que equivale al 65 por ciento del área total.

La amazonía boliviana, particularmente en la frontera con Brasil y Perú, de acuerdo con Bandeiras, ha sido depredada durante el último siglo en parte por la ausencia de instituciones del Estado en esas zonas.

Un caso extremo se presenta en La Paz, donde sólo siete policías tienen la doble misión de controlar dos millones de hectáreas forestales y frenar el contrabando de madera que en su mayoría es llevada a Lima.

Por su parte, el prefecto paceño, Pablo Ramos, indicó que las regiones forestales más afectadas por el contrabando y la explotación irracional de madera en el departamento son Palos Blancos, Ixiamas, Caranavi, Urujara y San Buenaventura.

La tala ilegal en la amazonía boliviana es un negocio millonario y ello lo hace también peligroso pues resulta una amenaza constante para aquellos que intentan resguardar el medio ambiente.

La presión sobre la selva amazónica boliviana es creciente con el auge de la industria de la madera y el aumento de la demanda de carne vacuna y granos de soya.

A esos factores se agregan la construcción de presas hidroeléctricas, como la que se planea establecer muy cerca de la frontera con Brasil, la expansión de los cultivos de coca en zonas amazónicas del trópico de Cochabamba y los Yungas de La Paz, la actividad del narcotráfico y la explotación minera, del oro particularmente, que contaminan las cuencas.

En la búsqueda de oro y en la producción de cocaína se emplean hasta 35 sustancias químicas muy contaminantes que luego de ser utilizadas son esparcidas en los ríos, señalan los expertos.

Entre las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Evo Morales para frenar esta depredación sobresalen los decretos que establecen zonas naturales protegidas en el norte amazónico.

Las Áreas Protegidas son unidades territoriales con límites establecidos que se orientan a la conservación de los recursos de la biodiversidad.

La Ley del Medio Ambiente define a las Áreas Protegidas como territorios naturales bajo protección del Estado con el propósito de conservar el patrimonio natural y cultural del país.

Otra de las amenazas para la Amazonía boliviana es la participación del hombre en la caza despiadada del lagarto como llaman Caimán Negro y el Yacaré.

Los nativos cuentan que los saurios son cazados tanto con armas de fuego, como a la antigua, con barras largas en cuyo extremo está sujeta una punta aguda y cortante.

Con éste tipo de lanza o arpón, afirman, los cazadores solo atraviesan la piel del animal para arrastrarlo hasta la superficie donde lo matan a garrotazos.

El panorama es el mismo en 10 provincias del departamento de Beni (noreste), donde organizaciones no gubernamentales ambientalistas calculan que anualmente unos 100 mil especímenes son cazados de forma ilegal.

El máximo ejecutivo de la Federación de Campesinos de la provincia Vaca Díez, capital de Riberalta, Héctor Cortez, explicó que la extinción del caimán negro o los yacarés se relaciona con la exportación de productos con su piel.

Según declaraciones del líder labriego al suplemento 7 Días, del diario estatal Cambio, a simple vista cuando navegas por los ríos se aprecia la merma de animales debido a la presión de su caza furtiva.

La situación ha obligado a los habitantes de esa localidad a elaborar un reglamento para evitar e impedir la caza indiscriminada.

Guayaramerín, Villa Bella y Cachuela Esperanza, poblaciones fronterizas con el Brasil, apunta, son las rutas del contrabando y por ellas mensualmente salen miles de cueros de manera clandestina.

Desde 2002, en pleno auge de las exportaciones, en Bolivia se planteó la producción del lagarto en criadero.

De unos seis centros de ese tipo que llegaron a funcionar, actualmente sólo uno está en operaciones en Santa Cruz (oriente boliviano), confirmó oficialmente el Viceministerio de Biodiversidad y Medio Ambiente.

Se instalaron criaderos con veinte o treinta animales pero, en realidad, los cueros vendidos provenían de otros capturados en ambientes naturales y se los hacía pasar por ejemplares supuestamente controlados.

Por su parte, el viceministro de Biodiversidad y Medio Ambiente, Juan Pablo Ramos, explicó que esa cartera diseña una nueva estrategia, que incluye talleres con los pobladores de comunidades indígenas para lograr conservar a los lagartos.