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El canal privado Globovisión, uno de los silenciadores del golpe de
Estado en Venezuela en abril de 2002, incitó hoy a salir a las
calles por la decisión gubernamental de anular concesiones a 34
emisoras que operaban de manera ilegal.
Hasta este sábado Globovisión transmitía en vivo desde la sede
del Circuito Nacional Belfort (CNB), uno de los medios a los que se
les aplicó la medida de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL).
Un grupo de personas fue hasta la sede de CNB, ubicada en La
Carlota, al este de esta capital, donde durante la mañana desfilaron
opositores al proceso revolucionario iniciado hace una década en la
nación.
A juicio del opositor Carlos Melo, la medida aplicada por el
gobierno es parte "del proceso dictatorial, antidemocrático".
"El Gobierno demuestra miedo. Esto afecta a la gente de la
oposición y del Gobierno. Esto va a generar un triste final ante una
crisis tan complicada. Hay que seguir dando la pelea", expresó.
Por su parte, el ex alcalde de Caracas por el partido Acción
Democrática Claudio Fermín declaró que "el gobierno ha querido
mostrarle al país que este acoso contra los medios de comunicación
es un problema entre el gobierno y los ricos de las televisoras y
las radios".
Sin embargo, el dueño de CNB y presidente de la Cámara Venezolana
de la Radiodifusión, Nelson Belfort, operaba cinco estaciones de
radio de manera ilegal.
Por fallecimiento del titular a quien fue otorgada la concesión,
el vencimiento de la misma, improcedencia de solicitudes de cambio
de títulos y extinción CONATEL notificó ayer el cierre de 34
estaciones por funcionar de manera ilegal.
Esos medios deben acatar la ley de Telecomunicaciones tras
comprobarse que operaban sin autorización en las frecuencias del
espectro radioeléctrico venezolano, informó el viernes último el
ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello.
Indicó que tras la actualización de datos de los titulares a
quienes se les dio la concesión y la apertura de procesos
administrativos a 240 de estas emisoras se logró culminar los
primeros 34 casos que incumplieron con lo establecido en la ley.
Algunos administradores, precisó Cabello, les cerraron sus
puertas a CONATEL para evitar que fueran notificados formalmente,
pero esta estrategia no les surtirá efecto por cuanto la decisión ya
fue pública, comunicacional y notoria.