De
las 530 332 viviendas afectadas por los huracanes 10 meses atrás, al
cierre de julio han sido reparadas o construidas 270 000. En esta
tarea y en su fiscalización se ve el esfuerzo de todos los
organismos, los territorios, el Gobierno y el Partido, afirmó ayer
Víctor Ramírez Ruiz, presidente del Instituto Nacional de la
Vivienda, a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular
reunidos en el capitalino Palacio de las Convenciones.
También
se dio a conocer que el plan de terminación de viviendas del actual
año (32 000) está al 53%. Para ello el país ha destinado cuantiosos
recursos: desde septiembre del 2008 hasta el pasado junio,
estimandose la asignación en más de 193 millones de divisas, cifra
que asciende a 239 millones al incluir los gastos de combustible y
transporte.
Para tales fines fueron creadas cuatro brigadas de movimiento de
tierra que trabajan desde finales del año pasado en las provincias
de Pinar del Río, Las Tunas, Camagüey y Holguín, territorios donde
se ha ido resolviendo el viejo problema de la urbanización.
También fueron organizadas y equipadas 47 nuevas brigadas de
construcción de viviendas estatales, que han captado recursos
humanos de los propios territorios; de ellas ya laboran 20. Otras
300 esparcidas por el país se dedican a techar; y 321 bien equipadas
realizan la impermeabilización de cubiertas de edificios: en el
primer semestre del año concluyeron 1 013 de estos inmuebles,
mientras 448 fueron beneficiados con labores de conservación o
rehabilitación.
Otro programa en marcha es el de la instalación de elevadores: en
el 2008 se montaron 83, y entre este y principios del 2010 deberán
ejecutarse 100 más.
A la par se desarrollan los proyectos de ubicación de redes
técnicas y urbanizaciones de las viviendas, lo cual implica
conexiones de agua, electricidad, viales, aceras, etc. En diciembre
pasado se concluyeron 49 asentamientos y actualmente trabajan en
otros 87.
Ramírez insistió en que la familia tiene la responsabilidad de
participar en la construcción de su vivienda, algo que aún no se
logra totalmente. En el futuro, dijo, también podrán colaborar en la
fabricación de los materiales.
Esta idea está basada en una experiencia expuesta a los
parlamentarios por el doctor Fernando Martirena, investigador de la
Universidad Central de Villa Clara, acerca de la producción local de
materiales de la construcción, a partir del empleo de ecomateriales.
Con esto se logra disminuir el costo energético y financiero, y
la utilización de recursos naturales o reciclables existentes en los
territorios, lo cual no requiere de fuerza calificada. El fruto se
materializa en cal, ladrillos rojos, áridos, cemento puzolántico,
bloques y tejas con sus soportes.
Ramírez recordó que prácticamente el 85% de las viviendas
construidas en el país en los últimos años ha tenido como
protagonistas principales a las familias, línea que debe seguirse.
Solo aquellas imposibilitadas de hacerlo, deben contar con la ayuda
de brigadas estatales.
También ejecutan la instalación de cubiertas metálicas o de placa
más sólidas y resistentes a los eventos climáticos, condiciones que
actualmente solo tienen el 54% de los inmuebles. Para ello se
utilizan las variantes del empleo del prefabricado o el sistema de
poliespuma. Este último es un recurso caro en el mercado, pero el
país lo adquirió para instalarlo este año en unos 10 000 techos.
Entre terminados y en proceso, ya hay unas 5 327 que cuentan con
esta modalidad.
Los diputados expusieron sus preocupaciones acerca de las demoras
excesivas e injustificadas en los trámites legales en el sistema de
la vivienda —entre otras deficientes actuaciones—, y la necesidad de
mayor control y fiscalización en su funcionamiento. Propusieron,
además, atemperar la legislación vigente sobre el tema a las
condiciones actuales.