Ya han pasado 33 años (24 de febrero de 1976) de la aprobación, en histórico referendo, mediante el voto libre, de la Constitución de la República de Cuba (a la que se añadieron las reformas aprobadas el 12 de julio de 1992).

Teniendo en cuenta la importancia del texto constitucional para la sociedad cubana y el papel rector que el Estado le reconoce en el ejercicio de la institucionalidad, comparto con ustedes algunas consideraciones sobre la necesidad de conocer, releer y cumplir al pie de la letra la Constitución que nació, en la era revolucionaria, para orgullo de todos los cubanos.

Hace poco más de un año, en la sesión constitutiva de la VII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 24 de febrero del 2008, el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Raúl Castro Ruz expresó: "La institucionalidad, repito el término: la institucionalidad, es importante sustento de ese decisivo propósito y uno de los pilares de la invulnerabilidad de la Revolu- ción en el terreno político, por lo que debemos trabajar en su constante perfeccionamiento. No creernos nunca que lo que hemos hecho es perfecto.

"Nuestra democracia es participativa como pocas, pero debemos estar conscientes de que el funcionamiento de las instituciones del Estado y del Gobierno aún no alcanza el nivel de efectividad que nuestro pueblo exige con todo derecho. Es un tema en que debemos pensar todos".

Más cerca en el tiempo, el 27 de diciembre del 2008, el Presidente Raúl Castro Ruz reiteró ante el Parlamento: "Debe quedar claro que no habrá retrocesos en el propósito de fortalecer la institucionalidad, la disciplina y el orden en todas las esferas del país, sin los cuales sencillamente no es posible avanzar".

En ambas intervenciones del compañero Raúl, la institucionalidad es conceptualizada como pilar de la invulnerabilidad de la Revolución en el terreno político y como un instrumento para el avance del país. Queda claro que lograr ese objetivo implica el conocimiento de las leyes rectoras de la sociedad, del funcionamiento del Estado y de los deberes y derechos de los ciudadanos: conocer y cumplir la Constitución es sin dudas la primera acción individual para interpretar y ejercer la institucionalidad.

Partiendo de esa premisa —el conocimiento de la Constitución— he realizado un simple ejercicio de "sociología del entorno", que usted también puede hacer entre quienes lo rodean: he preguntado a 15 compañeros si han leído el texto constitucional y cómo lo consiguieron. El resultado de ese sondeo terminó por impulsar este comentario: solo 3 de ellos habían leído la Constitución, mientras algunos de los 12 restantes respondieron con sus propias interrogantes: "¿Cómo lo consigo?" "¿Dónde lo enseñan?" "¿Es un documento público?" "¿Está disponible en librerías o por Internet?"...

La Constitución es pública y debería estar disponible por todas las vías posibles. Cuba, nadie lo duda, es un país de lectores, con una población altamente instruida y con una enseñanza gratuita y universalizada. Entonces resultan preocupantes y llaman a reflexión las interrogantes de las personas consultadas. Añado que en la mayoría de los casos se trata de profesionales, que no han estudiado las leyes rectoras del país y desconocen cómo deben funcionar nuestro Estado y sus instituciones. Y eso, alguna vez, les repercutirá en sus funciones laborales o en la vida misma.

Hago votos, desde estas páginas, por una pronta reedición del texto constitucional cubano, con la seguridad de que será de una gran utilidad social, en el entendido de que no habrá institucionalidad sin el estricto cumplimiento de sus 137 artículos. Y pienso en un librito modesto, de esos que se puedan guardar en el bolsillo y tenerlo a mano siempre que sea necesaria la consulta. Al mismo tiempo, tendremos que enseñar a las nuevas generaciones de cubanos, que la Constitución de 1976 tiene un carácter sui géneris, a diferencia de modelos anteriores, por la plenitud de la participación popular en la discusión del anteproyecto, proposiciones de reformulación de artículos y referendo popular de aprobación.

Recordemos, además, que la nuestra es una Constitución instaurada y originaria, que no debe su validez a otros textos anteriores. En ella podemos conocer sus principios fundamentales, que son también el fundamento de lo que somos como nación: centralismo democrático, unidad de poder, democracia socialista, soberanía popular, legalidad socialista, igualdad social y formal, predominio de intereses sociales respecto a los individuos, monopartidismo político, propiedad estatal socialista sobre los medios de producción y participación popular, control y revocación por los electores.

De igual forma, se debe dedicar un tiempo, nada ocioso, a releer la Reforma Constitucional de 1992, que representa una ampliación del carácter democrático del Estado y la sociedad en su conjunto, sin cambiar su esencia ni perder continuidad respecto al texto anterior.