Leía la última página de La democracia traicionada, libro del abogado y escritor boliviano Sacha Llorenti, cuando escuché por la radio la noticia de que un cuerpo había aparecido cerca de la frontera hondureña con señales visibles de tortura.

Sacha Llorenti, autor de La democracia traicionada.

Era como si el tiempo se hubiera detenido en los círculos de ese infierno vivido por América Latina hace apenas unos lustros. Como si Pinochet, Videla, Stroessner, estuvieran ahora mismo reviviendo la alianza del Cóndor bendecida por Washington. Como si en Uruguay volviera a dar instrucciones para matar un individuo como Dan Anthony Mitrione, o en Brasil se reinventara el pau de arara.

De ahí la utilidad de un libro como el que acaba de ver la luz en Bolivia. Algo así como un recordatorio para que la infamia no se desdibuje en la memoria, pues de sangre y horror está impregnado el camino hacia la conquista de la dignidad en nuestras tierras.

La obra de Llorenti cobra una dimensión peculiar debido al periodo que analiza. Bajo el subtítulo "Derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, democracia e impunidad", el autor, un joven pero a la vez curtido luchador, que se desempeña actualmente como Viceministro para la Coordinación de los Movimientos Sociales en el Ministerio de la Presidencia de la República de Bolivia, escudriña los años que van de 1982 a 2005.

En esa etapa supuestamente el país sudamericano se hallaba en democracia. Es decir, hubo elecciones supuestamente libres, instituciones aparentemente funcionales, orden constitucional. Fueron los años en que el modelo neoliberal ganó credenciales. Atrás la ola de golpes de estado y la presencia ominosa de los militares en el Palacio Quemado. Aunque dicho sea no tan de paso, uno de los más temibles se recicló en el baño democrático, nada menos que Hugo Bánzer.

Sin embargo en esos años no dejaron de cometerse tropelías ni de ocultarse. Verdaderamente indignantes son las muertes del estudiante universitario Juan Domingo Peralta, el 20 de julio de 1990, baleado por efectivos policiales en La Paz, y la masacre del 5 de diciembre de ese año en una casa de la calle paceña Abdón Saavedra, donde perdieron la vida Miguel Nortbuster, Luis Cabellero y Osvaldo Espinoza. Todo esto ocurrió bajo el mandato presidencial de Jaime Paz Zamora, varios de cuyos compañeros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria habían sido asesinados por la dictadura de García Meza en esa misma calle, el 15 de enero de 1981. Espantosa paradoja.

El banzerismo rebautizado en las urnas en 1997 recrudeció la guerra contra los cultivadores de coca, por obra y gracia de los dictados del imperialismo, que pervirtió la guerra contra el narcotráfico y la convirtió en una cacería para desmantelar a los movimientos sociales. Las fuerzas represivas de la "democracia", asesoradas directamente por la DEA yanqui, mataron a 13 cocaleros, hirieron a más de un centenar y casi otro tanto fueron víctimas de torturas. Nadie fue encausado por tales crímenes.

El episodio más lacerante de esta primera década del siglo XXI ubica a Gonzalo Sánchez de Lozada y su adláter Carlos Sánchez Berzaín, como los responsables de las matanzas de octubre de 2003 en El Alto, cuando las balas se cebaron en quienes protestaban pacíficamente contra la agobiante situación del país. Sánchez de Lozada y Berzaín viven en Estados Unidos al amparo de las autoridades norteamericanas que han desoído hasta hoy el pedido de extradición, tal como han hecho con Venezuela en el caso del connotado terrorista Luis Posada Carriles.

Estos y otros numerosos ejemplos —cómo olvidar las masacres de Parotani, Sacaba y Pananti— son estrictamente documentados por Llorenti, quien al mismo tiempo ofrece una rigurosa argumentación legal en la que se hace evidente la responsabilidad criminal de los actores, tanto a la luz de las leyes bolivianas vigentes como del Derecho Internacional.

Llorenti expone el rostro de los innombrados de siempre, las víctimas que no deben caer en el olvido. Saca del anonimato a las víctimas y puntualiza las rutas de la impunidad que intenta sepultar en la desmemoria tanta felonía.

Y avanza conceptos importantes como este que reproduzco para explicar el origen de las cosas: "El proceso democrático nació deforme porque no supo ni intentó de manera decidida resolver las denuncias de violaciones a los derechos y garantías constitucionales cometidas durante las dictaduras militares". Evidentemente, tras ese borrón no hubo siquiera cuenta nueva, sino muchos más ríos de sangre para emborronar la historia.