Añadió que a muchos de esos empleados públicos no les ha quedado otra alternativa que abandonar el país tras el golpe militar que depuso a Zelaya el 28 de junio pasado, cuando fue trasladado a la fuerza a Costa Rica.

Valle apuntó que si hay tanto celo para investigar las actividades de los funcionarios de la administración Zelaya, igual medida debe ser aplicada a los miembros de gobiernos anteriores, que sí se enriquecieron mediante la corrupción.

No hay disponibles cifras de ninguna de las partes en este conflicto sobre la cantidad de empleados públicos despedidos, debido al clima de ingobernabilidad que abate al país después de la asonada militar.