Una nota oficial de la cancillería venezolana precisó que esa actuación es intolerable y rechazó enérgicamente un informe de la Oficina de Contraloría General estadounidense que acusa al país suramericano de ser un paraíso del tráfico de drogas.

Este, junto a otros informes publicados con regularidad por agencias del gobierno estadounidense, son herramientas de chantaje político que carecen de objetividad científica y seriedad metodológica, subrayó el comunicado.

La cancillería venezolana denunció que el fin de esos reportes es impulsar las pretensiones injerencistas de Washington en el resto del mundo.

Al mismo tiempo ratificó que el gobierno de Venezuela puede exhibir resultados extraordinarios en materia de incautación de drogas, reconocidos consistentemente por los informes de la Organización de Naciones Unidas desde 2006.

La nota recuerda que precisamente el período transcurrido desde 2006 coincide con la erradicación de la presencia en Venezuela de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

En su momento el gobierno del presidente Hugo Chávez suspendió la cooperación con la DEA luego de detectar que sus agentes realizaban acciones ajenas a lo acordado y violaban la Constitución.

Además de denunciar la grabación ilegal de conversaciones con fines políticos, las autoridades venezolanas advirtieron que la práctica de entrega controlada de drogas a traficantes con fines operativos viola la Carta Magna de la nación.