La prensa estadounidense silencia el respaldo mundial a la
petición de la defensa ante la Corte Suprema de Justicia para
reexaminar el caso de
cinco cubanos antiterroristas presos en cárceles
norteamericanas.
Esa ha sido la denuncia constante de profesionales, juristas,
personalidades y grupos de solidaridad con la isla y es la palabra
de orden del Presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón,
quien en sus intervenciones exhorta a luchar contra el verdadero
terrorismo.
La situación vivida desde hace más de una década por
Gerardo Hernández,
Ramón Labañino,
Fernando González,
Antonio Guerrero y
René González es un ejemplo del doble rasero de la política
estadounidense sobre el tema del terrorismo.
Paradójicamente, ellos cumplen desmesuradas condenas en Estados
Unidos desde hace más de 10 años por informar a las autoridades
sobre planes agresivos contra su país, organizados por la extrema
derecha anticubana radicada en Miami.
En una reciente alocución, Alarcón recordó que el 6 de marzo
fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia estadounidense
12 textos de Amigos de la Corte (Amicus Curiae), en apoyo a la
petición de los abogados de la defensa de
Los Cinco para revisar el caso.
La acción, como bien se ha constatado, constituye un hecho sin
precedentes en la jurisprudencia estadounidense, ya que significa el
mayor número de documentos de esa naturaleza presentados ante los
principales magistrados del país norteño.
Alarcón puntualizó que los textos incluyen los firmados por los
10 Premios Nobel: José Ramos Horta (presidente de Timor Leste),
Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, José Saramago, Wole Soyinka,
Zhores Alferov, Nadine Gordimer, Günter Grass, Darío Fo y Mairead
Maguire.
Otros documentos son de la autoría del Senado de México en pleno,
la Asamblea Nacional de Panamá, y Mary Robinson, ex presidenta de
Irlanda (1992-1997) y ex Alta Comisionada de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (1997-2002), entre otros.
Sin embargo, la gran prensa estadounidense intenta enmudecer el
apoyo mundial, y cabe destacar que en el caso de los Amicus cada
firmante debe pagar a la Corte Suprema dos mil dólares para ser
aceptado.
Tales instrumentos fueron presentados por un abogado
norteamericano, y todos renunciaron a cobrar los respectivos
honorarios (ascendentes como promedio a 30 mil dólares), otro hecho
sin precedentes.
La movida jurídica contra los Cinco contrasta con la singular
actitud del Tribunal de El Paso, en Texas, que aceptó el 11 de junio
posponer el juicio seguido al terrorista internacional Luís Posada
Carriles hasta el 1 de febrero de 2010.
Con esa actitud se confirman los análisis de profesionales del
derecho internacional que apuntan a un procedimiento dilatorio, así
como a la evidente complacencia del juez en funciones.
Bajo el pretexto de permitir a los abogados de Posada Carriles
tener más tiempo para prepararse, la jueza Kathleen Cardone admitió
los argumentos de la defensa.
Cardone es la misma magistrada que absolvió a ese ex agente de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) una primera vez y que el 14 de
abril le concedió por segunda vez la libertad bajo fianza.
Posada Carriles es enjuiciado por violación de insignificantes
leyes migratorias cuando, sin embargo, exhibe un largo historial de
acciones terroristas.
Fue responsable del atentado contra un avión de Cubana de
Aviación que explotó en pleno vuelo con 73 personas a bordo sobre el
mar frente a las costas de Barbados.
Es procurado como prófugo por la justicia venezolana, que lo
condenó por aquel bárbaro crimen..
Posada Carriles torturó y asesinó durante años en Venezuela,
cuando laboró como asesor de los cuerpos represivos y jefe de
escuadrones de la muerte.
Sobre él pesa, entre otras, la responsabilidad por atentados a
una serie de hoteles en La Habana en 1997, en uno de los cuales
pereció el turista italiano Fabio Di Celmo.
Intentó un magnicidio en el 2000, frustrado al ser detenido
cuando preparaba un atentado con explosivos para asesinar al
entonces presidente cubano, Fidel Castro, durante un masivo acto de
solidaridad en el Paraninfo de la Universidad de Panamá, en el que
pudieron haber muerto miles de jóvenes simpatizantes.
El presidente venezolano, Hugo Chávez, lo ha acusado de haber
organizado un atentado más reciente contra su persona, sin que las
autoridades policíacas y judiciales estadounidenses hayan tenido la
menor reacción.
Pruebas suficientes indican que mientras los antiterroristas
Gerardo, Ramón, Fernando, Antonio y René languidecen en prisiones
norteamericanas, sectores de la comunidad anti-cubana de Miami
continúan conspirando para cometer actos violentos en el continente
y permanecen sin castigo los crímenes de Posada Carriles.
Como ha expresado Antonio González, Presidente de Southwest Voter
Registration Education Project, organización de latinos en Estados
Unidos: las acciones de la Corte han profundizado la diferencia
entre observancia de los valores americanos de equidad, versus
práctica de tolerancia o impunidad para quienes practican el
terrorismo.