Indígenas de la etnia awajún de la Amazonía peruana insistieron esta semana en denunciar, pese a desmentidos oficiales, que hay cientos de nativos desaparecidos tras graves disturbios registrados el mes pasado.

El abogado de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), Marco Barreto, dijo que un censo en las comunidades de esa etnia arrojó un total parcial de más de 300 nativos que no han regresado a sus hogares.

Los indígenas participaban en el bloqueo de una carretera en las cercanías de la ciudad nor amazónica de Bagua, cuando el 5 de junio la policía despejó por la fuerza la vía con un saldo oficial de 24 policías y 10 civiles muertos, cifra que no convence a Aidesep.

La prensa y las instituciones defensoras de los derechos humanos han recogido impactantes denuncias sobre numerosos nativos muertos por las tropas y cuyos cadáveres fueron incinerados o retirados en helicópteros.

Esas versiones no han sido confirmadas y, por el contrario, la Defensoría del Pueblo hizo una indagación en 39 de un total de más de 150 comunidades, y difundió un informe según el cual en los lugares visitados no hay indígenas desaparecidos.

El gobierno ha usado ese reporte como prueba que en los sucesos del 5 de junio no hubo ninguna matanza masiva e insistir en que los policías fueron las víctimas.

La presidenta de Aidesep, Daisy Zapata, dijo el informe no es confiable, porque solamente se refiere a la situación de un 22 por ciento de las comunidades awajún.

Insistió en la necesidad de crear una Comisión de la Verdad con participación indígena y gubernamental y de observadores internacionales, que investigue la matanza y esclarezca el problema de los desaparecidos.

El dirigente awajún Salomón Awananch Wajush, dijo que las conclusiones de la Defensoría no pueden ser consideradas definitivas porque hay comunidades que se encuentran a varios días de camino y que no han sido visitada y reveló que ese organismo seguirá indagando.

El director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Miguel Jugo, coincidió con los nativos en considerar urgente una investigación independiente sobre los sucesos del 5 de junio.

Recordó que una pesquisa imparcial y con veedores internacionales, fue recomendada por el relator de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, y por la Federación Internacional de Derechos Humanos.