La determinación de los juristas cubanos de defender el medio ambiente, en correspondencia con la legislación vigente, quedó evidenciada, durante la apertura del coloquio internacional sobre Derecho y Justicia Ambiental.

Vivian Hernández Torres, coordinadora del Proyecto Nacional ECOIRE, destacó el avance en la elevación del conocimiento y la necesidad de proteger la naturaleza entre la población y las instituciones, mediante la impartición de cursos de postgrado, seminarios y talleres en las comunidades.

Durante la cita se mostraron experiencias en materia de educación y protección del entorno, como el Proyecto Agenda21 Local/Geo de la provincia de Holguín, patrocinado por la Unión de Juristas de Cuba y el Fondo Canadiense para el Desarrollo de Iniciativas Locales.

Como resultado de este trabajo conjunto se logró poner a un grupo de profesionales del derecho y de otras ramas, en función del estudio y cumplimiento de las normativas jurídicas, expuso Lidia López, juez de sala de lo económico, del Tribunal Supremo Popular.

En Cuba existen cerca de 500 legislaciones o normativas jurídicas dirigidas a la protección del ambiente, pero muchas veces no se observan por desconocimiento de las personas jurídicas o naturales, acotó.

De ahí la importancia de elevar la educación jurídica de la población en general para prevenir los daños al entorno, como se orientó en la Cumbre de la Tierra, y alertar a los organismos competentes para que adopten medidas contra los infractores.