El gobierno de facto, encabezado por Roberto Micheletti, pidió que se publicara una notificación roja sobre Zelaya, lo que supondría lanzar una petición de detención preventiva con vistas a su extradición.

Para INTERPOL, tal solicitud atenta contra el artículo 3 de la organización, que deja rigurosamente prohibido cualquier actividad e intervención de la entidad en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.

Los supuestos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, ofensas contra el gobierno y traición, imputados a Zelaya, son de carácter político y no presentan ningún elemento de derecho común, evaluó el organismo internacional.

Si el gobierno dictatorial en Honduras solicita la captura de Zelaya, debieron permitir su retorno al país el pasado domingo, cuando trató de hacerlo en viaje aéreo procedente de Washington.

Sin embargo, las autoridades hondureñas impidieron que un avión en el que viajaba el presidente Zelaya aterrizara en el aeropuerto de Tegucigalpa, donde hubieran podido aplicar una orden de detención nacional, señaló INTERPOL.