LAS TUNAS.— Si todo el mundo supiera que por cada peso de salario que una empresa o entidad le paga a un trabajador, debe tributarle al Estado —además— 25 centavos de acuerdo con un impuesto establecido por el uso de la fuerza de trabajo (sin contar 12,5 centavos para seguridad social¼ ), quizás muchas personas tuvieran más conciencia de cuán necesario y vital es aprovechar al máximo cada minuto de la jornada laboral.

Además de buscar disciplina tributaria, este impuesto debe propiciar un uso más eficiente de la fuerza laboral.

Pero el poco conocimiento de asuntos relacionados con la ley tributaria y la ausencia de una cultura en ese terreno, han estado presentes durante años, tanto en el ámbito social como dentro del panorama empresarial, productivo, de servicios, tanto que mucha gente se pregunta ¿impuesto? ¿qué es eso?

Según explican especialistas de la dirección provincial de Finanzas y Precios, así como de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) ese gravamen, no exclusivo de Cuba, es válido para todas las personas naturales y jurídicas, cubanas o extranjeras, que emplean fuerza de trabajo asalariada, y se aplica sobre la base de los salarios, sueldos, gratificaciones y otras remuneraciones pagadas a esos trabajadores (Ley No. 73 del sistema tributario, 4-8-1994, capítulo X).

Modificaciones introducidas en el 2006 a la Resolución 240 del 2002 incluyeron en el citado tributo a las unidades presupuestadas (excluidas hasta entonces), aunque coyunturalmente eximieron de pago, entre otros, a las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y empresas estatales agropecuarias, por el personal que contraten y trabajadores directos en la producción agropecuaria, silvícola o forestal.

Dicho así, no debiera haber problema para su aplicación. La realidad, en cambio, no siempre marca igual derrotero.

Auditorías realizadas en la provincia el pasado año por supervisores de la ONAT develaron irregularidades por 2 170 400 pesos, concentradas mayoritariamente en 12 entidades de la industria azucarera, 23 subordinadas al Poder Popular y diez de la agricul

tura. De enero a mayo (2009) la determinación remontaba los 900 000 pesos.

Cabe preguntarse: ¿Si esas auditorías no abarcan a todo el universo, sino a una parte de él, a cuánto puede ascender entonces el daño para el territorio y para la economía nacional en su conjunto? Posiblemente nadie pueda responder con exactitud.

Para Pedro Quesada, supervisor, hay una realidad bien clara: al violarse lo previsto en el impuesto se establece un recargo y una multa para la entidad. Pero¼ ¿de dónde sale el dinero para pagar esa suma extra por sanción?

Como a nadie le asignan fondos para cubrir "gastos de ese tipo" la situación termina "resolviéndose" contra la eficiencia de la empresa o contra el presupuesto de la unidad (si es presupuestada), con el consiguiente perjuicio económico para el país.

"Nos ha faltado cultura —opina Milaida Aguilera, subdirectora de Finanzas y Precios—, se requiere tal vez más conocimiento, divulgación, capacitación¼ pero también es hora de ser más exigentes. Si quien comete la irregularidad tuviera que pagar de sus

ingresos la multa o el recargo, la situación fuera distinta. Pero al final es Liborio (el Estado) quien sigue pagando los platos rotos."

No todos los aparatos económicos actúan como en la empresa de la Cuenca Lechera.

Según afirma Fe Esperanza Álvarez, de esa empresa: "Al terminar las nóminas de pago, sacamos el aporte, lo preparamos rápidamente y se hace el depósito en el Banco. Eso ocurre mes por mes. No te niego que en algún momento unidades nuestras tuvieron dificultades pero ya se resolvieron. Este año solo tenemos marcadas dos CCS y una Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA): no por impago, sino por deudas viejas".

Hablar a tiempo puede ayudar a resolver problemas. "No somos inflexibles —expresa Velia Proll Gamboa, subdirectora de la ONAT municipal—; si un contribuyente cae en una situación difícil y nos pide aplazamiento, valoramos el caso, verificamos con el ban

co, vemos el estado de cuenta y si las condiciones lo justifican se autoriza la prórroga".

De hecho, entidades como las del agro (CCS, CPA, Unidades Básicas de Producción Cooperativa) han recibido facilidades y un tratamiento muy cuidadoso desde el 2005, teniendo en cuenta los estragos causados por muchos años de sequía (primero) y luego por el azote de huracanes, sin que por ello se les libere de responsabilidades y obligaciones con el fisco.

Lo inaceptable es que, por descuido, haya impago o atraso en depósitos como los que, por ejemplo, deben hacer las CCS, no por la fuerza directa al surco y sí por quienes integran la junta administrativa: fenómeno que si bien aquí no presenta serios problemas, puede tener repercusión en otros territorios.

Muchos, como Alberto González, de la delegación provincial de la agricultura, reconocen lo valiosas que son para el personal de economía las informaciones y conferencias de la Oficina de Administración Tributaria o la instalación del programa denominado Centinela, que recuerda el pago del impuesto cada vez que se activa la computadora, varios días antes de la fecha tope.

Lamentablemente, algunos subvaloran esas alternativas, otros "duermen sobre laureles" y hay hasta quienes ponen "caritas" si la prensa los refleja por atraso o impago. ¿Pero quién se molesta frente a los millones de pesos que deja de ingresar el Estado, en detrimento de la nación y de todos sus habitantes?