El Ejército de Honduras fue colocado hoy en el banquillo de los acusados por organizaciones de Derechos Humanos locales, que lo acusan de realizar reclutamiento forzoso de jóvenes en varias regiones del país.

La Comisión de Familiares de Desaparecidos y el Centro para la Promoción de Derechos Humanos en esa nación, denunciaron que patrullas militares enrolan por la fuerza a campesinos en las localidades de Olancho, Colón, Tocóa y Olanchito.

Especialmente, la Comisión de Familiares de Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) declaró que patrullas militares llegaron por la noche del pasado lunes a las zonas de referencia y sacaron a los jóvenes, a quienes se llevaron a los cuarteles "para prestar servicio militar", informa este miércoles la versión digital de El Nuevo Diario, de Nicaragua.

El Centro para la Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh) denunció que esa misma práctica se ha venido realizando por las Fuerzas Armadas en las zonas bananeras de Aguán.

Ciprodeh también condenó la captura que ejecutó el Ejército hondureño del abogado Marcelo Martínez, asesor legal de organizaciones campesinas y de organismos de derechos humanos.

Una caravana de vehículos, encabezada por el sacerdote Andrés Tamayo, viajó la mañana del martes hacia Tegucigalpa, para denunciar los reclutamientos forzosos de jóvenes campesinos en zonas bananeras, informaron desde Honduras al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.

Medios alternativos informaron desde Tegucigalpa que una nueva manifestación de pobladores fue desalojada en el puente La Amistad, arremetida que provocó una veintena de lesionados.

En Marcala, el Ejército detuvo varios autobuses llenos de simpatizantes del Presidente Zelaya, y les impidieron continuar su marcha hacia la capital del país, luego de que ráfagas de metralletas hicieron explotar los neumáticos de los vehículos.