Compatriotas, mujeres de todo el mundo:

Tan solo unas horas nos separan de otro aniversario de aquel histórico discurso en que el compañero Fidel nos convocara para esta batalla difícil, larga, ordenada y precisa para traer a la patria a nuestros cinco héroes, con la absoluta convicción en su regreso expresada en aquella frase que ha devenido en símbolo de esta lucha: "SOLO LES DIGO UNA COSA: VOLVERAN"

¿Qué nos motiva hoy? La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el pasado 15 de junio, siguiendo ciega y fielmente la petición fiscal, su decisión de no revisar el caso de nuestros Cinco compañeros. Todo ello, como afirmara la Presidencia de la Asamblea Nacional cubana, a pesar de los sólidos argumentos esgrimidos por los abogados de la defensa ante las evidentes y múltiples violaciones legales cometidas durante todo el proceso, y desconociendo el universal respaldo a esta petición, expresado en una cifra sin precedentes de documentos de "amigos de la Corte", entre ellos, como ya se ha dicho, de 10 premios Nobel, centenares de parlamentarios, numerosas organizaciones de juristas internacionales y norteamericanos, de organizaciones de Derechos Humanos y de destacadas personalidades políticas y académicas.

La Corte al rechazar el caso, ha ignorado el reclamo de la Humanidad y su obligación de hacer justicia, ha desestimado un grupo de elementos que le habrían permitido actuar honorablemente y hacer justicia. No pretendemos examinar exhaustivamente, desde el punto de vista técnico, todos y cada uno de los aspectos que matizaron el proceso, sólo pincelar algunos elementos esenciales que por sí solos constituyen causa suficiente para la revisión del caso.

Resulta ilustrativo que desde el 27 de mayo de 2005 el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró arbitraria la detención de Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González e instó al Gobierno de Estados Unidos a adoptar de inmediato las medidas necesarias para solucionar esta situación; debiendo significarse que esta decisión constituye el primer cuestionamiento de ese Grupo sobre un juicio celebrado en Estados Unidos.

El tema de la sede judicial deviene en pieza primordial del pronunciamiento al reconocerse que "el juicio no tuvo lugar en un clima de objetividad e imparcialidad tal como es requerido". La solicitud del cambio de sede para la celebración del juicio había sido planteada por los abogados defensores desde la primera semana de febrero del 2002, con abundantes argumentos para respaldar la petición, moción que fuera denegada de plano. Con esa posición se violaban la quinta y sexta Enmiendas de la Constitución norteamericana, que exigen la celebración del juicio ante un jurado imparcial y desprejuiciado, postulando además el derecho de los acusados a un cambio de jurisdicción cuando el Distrito no satisfaga las garantías básicas para un juicio justo e imparcial.

Igualmente, sostiene el Grupo de Trabajo que los abogados de la defensa tuvieron un acceso muy limitado a la evidencia al ser clasificado el proceso por el Gobierno norteamericano como "de seguridad nacional",  lo que "socavó el necesario balance entre la fiscalía y la defensa y afectó negativamente su capacidad para presentar evidencia contraria". Así como que el hecho de haberlos "mantenido en confinamiento solitario durante 17 meses" determinó que "la comunicación con sus abogados, el acceso a la evidencia y, por consiguiente, las posibilidades de contar con una defensa adecuada se vieran debilitadas". Supuestos todos que ponen de manifiesto una franca violación del consagrado derecho al debido proceso.

La Corte Suprema obvió además la unánime decisión del Panel de 3 jueces que en el propio año 2005 declaró sobre la nulidad del juicio celebrado en Miami; ignoró en el cargo 3 de conspiración para cometer asesinato, el lógico cuestionamiento de la propia Fiscalía ante la falta de evidencias sobre tal acusación, lo cual consideraba "un obstáculo insuperable". También en cuanto al cargo de conspiración para obtener información de seguridad nacional, se reconoce en la resentencia la carencia de los elementos que tipifican esta figura al no tratarse de información secreta, ni extremadamente protegida con la cual se proporcionara alguna superioridad. Aspectos en los que se apoyó la jueza Kravitch para en 18 páginas argumentar su opinión disidente. Tampoco llamó la atención de la Corte el criterio de otro de los jueces que insistió en que el caso debía ser analizado en el Supremo por el tema de la sede.

A estos postulados pudiéramos agregar que los amicus presentados por parte de organizaciones norteamericanas también piden a la Corte Suprema que revise la eliminación de afrodescendientes del jurado. El fiscal utilizó siete de las nueve veces que tenía derecho a pedir el cambio de algún miembro del jurado sin dar razones para eliminar a los jurados negros. Al parecer el pueblo estadounidense ha superado el estigma racial para el poder político, pero en el poder judicial lo mantiene como esquema.

Hoy quienes me han precedido en el uso de la palabra, juristas destacadas de nuestro país, han analizado cada caso en particular, han ido más allá de lo técnico, a lo humano. Nos han expuesto el inmenso sufrimiento que para las familias ha significado este proceso; la constante incertidumbre de una madre o una esposa que no puede apoyar como quisiera porque no le otorgan la visa, porque se les limita de manera arbitraria su derecho a la visita mensual. Ello también constituye una infracción flagrante de las normas constitucionales de los propios Estados Unidos, particularmente de la VIII Enmienda Constitucional que prohíbe los castigos crueles e inusuales; así como de principios e instrumentos de derechos humanos de Naciones Unidas como la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, las Reglas Mínimas del Tratamiento de los Reclusos y, al hacerlo, violan los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Acotamos, asimismo, que los Estados Unidos de Norteamérica son de los pocos países en el mundo y el único desarrollado que no se ha adherido a ninguna de las dos Convenciones de reconocimiento prácticamente universal, entiéndase la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con lo cual violan fundamentales derechos de las niñas, los niños y las mujeres norteamericanas. En el caso específico de la Convención de la Mujer, se desentiende el Estado de la protección y garantía del derecho de sus mujeres a determinar el número y el espaciamiento de los hijos que desean tener.

Si esto es así con la propia población norteamericana ¿qué puede importarles entonces la paternidad deseada y necesariamente pospuesta de Gerardo y Adriana, o de Fernando y Rosa Aurora?

Pudiéramos seguir en una larga exposición de términos razonables, pero lo más relevante en este momento es preguntarnos, ¿por qué impera la arbitrariedad? ¿Qué podemos hacer? Esta Apelación nos permitirá a las mujeres del mundo llegar a todos los espacios de Naciones Unidas, mecanismos de comunicación y de supervisión especial, a los cuales la Federación de Mujeres Cubanas tiene acceso como organización con status consultivo.

Les pedimos a todas las personas con dignidad y decoro que se unan a nuestro reclamo al elemental sentido de justicia del Presidente Obama, que sea capaz de desprejuiciarse de los criterios imperantes en la vida política en que se desenvuelve, que sea algo tan simple como un ser humano. Esperemos también que su esposa Michelle nos apoye, pues dada su condición de jurista, está capacitada para analizar el montaje político y el peso de los prejuicios que han contaminado este juicio; y que sea más que justa, sensible, más que esposa de un político, una mujer, una madre. El Sr. Obama ha tenido la posibilidad de formar una familia, ha mostrado al mundo el respeto por ella, cuánto valora y ama a su esposa e hijas y cómo éstas lo apoyan y siguen, puede imaginar lo que significa truncar arbitraria y fraudulentamente tantos sueños. Debe saber que se ha cometido una gran injusticia y que tiene la potestad de echar por tierra tanta infamia.

Alcemos nuestras voces contra el arresto de 5 hombres que nunca debieron estar en prisión y que, a pesar de su inocencia, aún se encuentran encarcelados en Estados Unidos, confinados en cárceles de máxima seguridad, limitados y en algunos casos privados del contacto con sus familias. Este no puede ser el final. No es cuestión de esperar tranquilos, sino de ayudar a que se abra paso la luz de la verdad.

Gerardo manifestó hace un año y reiteró recientemente "que mientras quede una persona luchando fuera, nosotros seguiremos resistiendo hasta que se haga justicia". En honor a la dignidad de los 5, sigamos combatiendo; hagámoslo, mujeres de Cuba y del Mundo, en aras de no convertirnos en testigos mudos del dolor a que han sido sometidos las madres, las esposas, los hijos, la familia toda que constituimos el pueblo de Cuba y los amigos y amigas de Gerardo, René, Ramón, Fernando y Antonio.

Continuemos esta batalla por quienes a pesar del paso de los años con sus días y sus meses, mantienen viva la esperanza del reencuentro.

Luchemos sin descanso para enfrentar este crimen contra la ternura, el amor, un crimen contra ese derecho tan humano que es la felicidad.

Hasta la Victoria,