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El canciller español, Miguel Ángel Moratinos, declaró hoy que su
gobierno tendrá en cuenta la legalidad de su país y la internacional
a la hora de aceptar prisioneros liberados de la ilegal base naval
de Guantánamo.
Moratinos insistió en que España estudiará el perfil de esos
reclusos, caso por caso para evitar que alguno entre en
contradicción con los intereses de la nación, y más adelante señaló
que espera satisfacer la petición norteamericana.
El miércoles pasado, el gobierno estadounidense pidió a España la
admisión de cuatro prisioneros procedentes de Guantánamo, de los
cuales uno podría tener dificultades para ingresar en la península
Ibérica por tener antecedentes penales por delito común.
La negación se produce a partir de lo expresado por la Ley de
Extranjería, la cual sostiene que para autorizar la residencia
temporal de un extranjero es preciso que carezca de antecedentes
penales en España o en sus países anteriores de residencia.
A diferencia de otras naciones europeas, España no ha puesto como
requisito que entre el recluso y el país existan vínculos como lazos
familiares o conocimiento del idioma, pero sí ha exigido que no
tenga antecedentes penales.
Al respecto, Washington manifestó que no hay ninguna denuncia
formal contra ellos ni causas pendientes, por lo que ha decidido no
juzgarlos e incluirlos en el grupo de prisioneros transferibles.
Según estimados, entre 50 y 60 de los 230 reclusos que continúan
retenidos en la cárcel de Guantánamo no podrán ser juzgados ni
devueltos a sus países de origen, por lo que Estados Unidos les
busca lugares de acogida.
Fuentes gubernamentales españolas subrayaron que el presidente
Barack Obama pudiera solicitar la admisión de un quinto reo.
Entretanto Daniel Fried, enviado especial de la Secretaría de
Estado norteamericano para el cierre de la prisión de Guantánamo,
dejó claro que si alguno de los nombres no era aceptable, podía
sustituirse por otro.
La gira por Europa que Fried inició el miércoles en Madrid
concluyó el sábado en Lisboa, cuyo gobierno al igual que el de
España e Italia aceptaron acoger a ex reclusos.