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España estudia admisión de presos en Guantánamo

MADRID, 22 de junio (PL).— El canciller español, Miguel Ángel Moratinos, declaró hoy que su gobierno tendrá en cuenta la legalidad de su país y la internacional a la hora de aceptar prisioneros liberados de la ilegal base naval de Guantánamo.

Moratinos insistió en que España estudiará el perfil de esos reclusos, caso por caso para evitar que alguno entre en contradicción con los intereses de la nación, y más adelante señaló que espera satisfacer la petición norteamericana.

El miércoles pasado, el gobierno estadounidense pidió a España la admisión de cuatro prisioneros procedentes de Guantánamo, de los cuales uno podría tener dificultades para ingresar en la península Ibérica por tener antecedentes penales por delito común.

La negación se produce a partir de lo expresado por la Ley de Extranjería, la cual sostiene que para autorizar la residencia temporal de un extranjero es preciso que carezca de antecedentes penales en España o en sus países anteriores de residencia.

A diferencia de otras naciones europeas, España no ha puesto como requisito que entre el recluso y el país existan vínculos como lazos familiares o conocimiento del idioma, pero sí ha exigido que no tenga antecedentes penales.

Al respecto, Washington manifestó que no hay ninguna denuncia formal contra ellos ni causas pendientes, por lo que ha decidido no juzgarlos e incluirlos en el grupo de prisioneros transferibles.

Según estimados, entre 50 y 60 de los 230 reclusos que continúan retenidos en la cárcel de Guantánamo no podrán ser juzgados ni devueltos a sus países de origen, por lo que Estados Unidos les busca lugares de acogida.

Fuentes gubernamentales españolas subrayaron que el presidente Barack Obama pudiera solicitar la admisión de un quinto reo.

Entretanto Daniel Fried, enviado especial de la Secretaría de Estado norteamericano para el cierre de la prisión de Guantánamo, dejó claro que si alguno de los nombres no era aceptable, podía sustituirse por otro.

La gira por Europa que Fried inició el miércoles en Madrid concluyó el sábado en Lisboa, cuyo gobierno al igual que el de España e Italia aceptaron acoger a ex reclusos.

 

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