Si bien las relaciones no han sido del todo armoniosas desde que se desencadenó el escándalo de acciones ilegales por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a miembros del Poder Judicial, un reciente informe de la oficina gubernamental de control al lavado de activos echó más leña al fuego.

La polémica se desató cuando la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda, advirtió en un comunicado que realizó un reporte de operaciones sospechosas sobre algunas personas y posibles nexos con implicados en "actividades ilícitas donde podrían verse involucrados algunos magistrados".

Según la dependencia, con estos análisis se elaboraron informes de inteligencia financiera, los cuales fueron remitidos a la Fiscalía General.

Esta información "es de inteligencia financiera, es reservada y debe ser verificada por la autoridad competente", agregó la autoridad.

Ante este panorama, el presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, dijo que las investigaciones a los magistrados "son oscuras" y de "falta de seriedad" porque se hicieron sin orden judicial.

Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Rafael Ostau Lafont, indicó que aunque la UIAF tiene facultad para indagar sobre ciertas transacciones de divisas, ese organismo no tiene competencia para investigar a los magistrados de las altas cortes.

Ostau Lafont señaló en Caracol Radio que este proceso solamente podría ser adelantado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

A su vez, manifestó que tras analizar ese asunto en las reuniones de la Comisión Interinstitucional de la rama judicial, se concluyó que la UIAF con su seguimiento ha incurrido en extralimitación de funciones.

La Fiscalía y la Procuraduría deben definir si esa dependencia actuó de manera irregular, agregó.

En tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Auguso Ibáñez, expresó que las denuncias contra magistrados supuestamente vinculados con actividades ilícitas, pone en tela de juicio la honorabilidad de la corporación y son incompetentes.

Ibáñez pidió que si hay alguna preocupación se manifieste ante su juez natural, que es la Comisión de investigación y acusaciones de la Cámara para que sea ella la que de las ordenes para ponernos a disposición.