Promovida por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Educación y Cultura, y de Desarrollo Social, la iniciativa queda ahora sujeta a la aprobación de la Cámara de Diputados, donde también se espera sea sancionada.

Además de definir la figura del acoso sexual y establecer sanciones que contribuyen a evitarlo, el texto establece que, sin perjuicio de las acciones administrativas y penales que correspondan, las víctimas de acoso sexual serán indemnizadas por daño moral con seis meses de salario.

De configurarse una situación de despido indirecto, se considerará despido abusivo y la reparación será el doble.

Si el autor del acoso fuera un trabajador dependiente, podría ser despedido por notoria mala conducta. En el caso de los funcionarios públicos, el acoso sexual será de considerado una falta grave.

Caso que el sujeto de acoso sexual sea un estudiante, el monto de la indemnización se calculará en base al salario del docente o jerarca culpable.

El proyecto establece que entre las obligaciones de empresarios y jerarcas del sector público para prevenir el acoso sexual figuran el investigar las denuncias y presentar sus conclusiones en un plazo no mayor a 30 días.