El embajador cubano en Ginebra, Juan Antonio Fernández, abordó el tema en ocasión de la discusión interactiva con los Relatores sobre Independencia de Jueces y Abogados, y Libertad de Opinión y Expresión.

En torno al asunto sobre la independencia de jueces y abogados, el diplomático felicitó en especial el hecho de que el Relator aborde los parámetros necesarios para garantizar de manera efectiva la independencia de los magistrados.

Sin embargo, Fernández puntualizó que para Cuba es importante que se hubiese incorporado al análisis del impacto en la actuación imparcial de los tribunales, factores tales como prensa manipuladora que incita al odio, una comunidad predispuesta, y sede viciada.

Tales factores, junto a una actitud vengativa del gobierno de Estados Unidos, entre otros, están presentes en el caso de los cinco luchadores antiterroristas cubanos, presos políticos en Estados Unidos, argumentó.

Su detención fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo del CDH, y sobre el cual el Relator Especial ha enviado una carta de alegación a la administración de ese país, recordó.

Fernández aludía así a los complicados entuertos jurídicos que acompañan al caso de Los Cinco, como se les conoce internacionalmente, es decir Ramón Labañino, René González, Gerardo Hernández, Fernando González y Antonio Guerrero.

Once años después de su injusto encarcelamiento, Los Cinco continúan brindando al mundo un ejemplo de resistencia inquebrantable y fe en la justicia, sentenció el jefe de la misión diplomática de la Isla.

Cuba insta la comunidad internacional a ofrecer el más amplio apoyo al logro de la pronta liberación de quiénes son hoy dignos paladines de la lucha contra el terrorismo, añadió.

Respecto al informe relacionado con la libertad de opinión y expresión, el embajador cubano alertó acerca de la actuación del Relator con ciertos mecanismos regionales y otras instituciones de dudosa reputación tales como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Hubiera sido útil también un análisis de las premisas básicas para poder acceder a la información en situaciones de extrema pobreza, tales como la garantía del derecho a la educación, notoriamente afectado en tales situaciones, precisó.