.— Los intentos de
congresistas y empresarios argentinos de promover un proyecto de ley
para excluir a Venezuela del MERCOSUR recibieron hoy el rechazo de
la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas (AAJ).
En un documento emitido aquí remitido a Prensa Latina, se señala
que las intenciones de los propulsores del borrador son poco claras
y se divulgan en medio de un proceso preelectoral, además de colocar
los intereses de un grupo empresarial particular por encima de los
Estados y sus ciudadanos.
Resalta que tal postura viola el principio de Supremacía de los
Estados, columna vertebral de todo el Derecho Internacional, orden
objetivo de valores que rige en todo el mundo.
Estas argumentaciones se refieren a la gestión de empresarios
ante la Comisión del MERCOSUR de la Cámara de Diputados para
suspender el ingreso de Venezuela a ese bloque subregional como
represalia por la nacionalización en ese país de tres empresas
privadas argentinas del Grupo Techint anunciada recientemente por el
presidente Hugo Chávez.
Asimismo, la AAJ denuncia el amplio despliegue que ese paso del
empresariado local está teniendo en los medios de difusión.
Seguidamente recuerda la definición del Derecho Internacional
sobre la nacionalización y recoge lo establecido en los pactos
internacionales de los Derechos Civiles y Políticos y de los
Derechos Económicos y Culturales, de 1966, así como la resolución de
la ONU de 1974, conocida como Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados.
Afirma, basándose en esos y otros instrumentos jurídicos de
Venezuela, que la decisión de nacionalizar empresas es un acto
ajustado a la Constitución y leyes del país y al derecho
Internacional vigente.
El documento de la AAJ indica que el proceso actual de
integración del MERCOSUR rebasa las condiciones de un mercado común
y se proyecta en las esferas energética, comunicacional, cultural,
política, monetaria, industrial, agropecuaria, científica,
ambiental, jurídica e incluso en materia de estrategias de seguridad
regional.
La incorporación de Venezuela al MERCOSUR aprobada por el
Congreso argentino en diciembre de 2006. se inscribe en un proceso
de integración de los pueblos del continente, indispensable para el
desarrollo de todos los países de la región y su capacidad de
negociación en el concierto internacional, afirma.
Finalmente advierte que el derecho humano a la comunicación,
implica también la prerrogativa de los ciudadanos a una información
veraz, responsable y completa que le permita decidir libremente
sobre las cuestiones que lo afectan, en referencia a las
tergiversaciones del tema de las nacionalizaciones venezolanas en
los medios argentinos.