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El endurecimiento gubernamental frente a una larga protesta
amazónica peruana, el cual incluye una denuncia penal contra sus
dirigentes, abre hoy posibilidades de desenlace difíciles de prever
para el conflicto.
A la denuncia judicial del Ministerio del Interior contra el
líder amazónico Alberto Pizango y otros dirigentes, se sumó hoy una
nueva advertencia del presidente Alan García, contra la protesta
iniciada el 9 de abril.
García dijo que las demandas, que llamó injustificadas, y las
amenazas de los indígenas organizados en la Asociación Interétnica
de la Selva Peruana (AIDESEP) están llegando a extremos, alusión a
las tomas de instalaciones petroleras.
Una de las ocupaciones, de una estación del gasoducto del sur, en
la región sur andina de Cusco, terminó ayer, ante el envío de
fuerzas del ejército y la policía, con el retiro de los nativos
machiguengas que la tenían tomada desde el sábado último.
El jefe de Estado agregó que si no llega la razón, la autoridad
democrática debe lograr implantar nuevamente el orden y agregó que
tenemos que aplicar las leyes.
Volvió a acusar a los indígenas de actuar sin informarse
adecuadamente al rechazar nueve decretos dictados como parte de las
exigencias de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y que,
según los nativos, facilitan la entrega de la Amazonía a las
transnacionales para su depredación.
Las advertencias presidenciales fueron lanzadas horas después de
que la Procuraduría Especializada en Asuntos de Orden Público del
Ministerio del Interior denunció penalmente a Pizango, presidente de
Aidesep.
El procurador denunciante, Julio Talledo, acusó a Pizango de
mantener una conducta delictiva y le imputó los delitos de atentado
contra los medios de transportes y otros servicios públicos, por los
bloqueos de carreteras y ríos que realizan los nativos.
La denuncia fue ampliada a los dirigentes amazónicos Marcial
Mudarra, Saul Puerta, Servando Puerta, Daniel Marzano y Teresita
Antaza.