Las investigaciones muestran que los 37 apresados el lunes por el Ejército en Nuevo León, recibían del narcotráfico un pago mensual de 3 mil 500 pesos (269 dólares).

Sin embargo, los funcionarios de alto nivel tenían honorarios por 10 mil pesos (769 dólares) al mes por ofrecer protección, indicaron sus declaraciones.

En las ejecuciones realizadas desde el inicio de esta semana se han encontrado cinco mandos municipales presuntamente ligados al narcotráfico.

Algunos oficiales han reconocido que su labor consistía en informar de manera oportuna la presencia de tropas y policías federales en cualquier municipio.

El martes fueron capturados el secretario de vialidad y tránsito de Monterrey, y los titulares de seguridad pública municipal de Escobedo y Guadalupe.

La Procuraduría General de la República reveló además que cuatro efectivos de la policía de San Nicolás estaban a las órdenes del recién nombrado jefe del Cártel del Golfo en ese municipio, llamado Comandante Coloso.

El martes, en el municipio Juárez, fueron aprehendidos nueve policías y un oficial de la Secretaría de Vialidad y Tránsito.

En total 37 capturados el lunes y 21 más el siguiente día, son el saldo de agentes de seguridad vinculados con el crimen organizado, los cuales pueden conducir a más detenciones.

La víspera, el presidente de México, Felipe Calderón, dio otro espaldarazo a su estrategia de lucha contra el crimen y llamó a las autoridades a romper las redes de protección oficial al narco.

Durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el mandatario se refirió al reciente despliegue de tropas en varios Estados, entre ellos Michoacán, Morelos y Nuevo León, muy afectados por bandas delictivas.

Al respecto, el presidente consideró que las investigaciones de la Procuraduría General de la República corroboran la existencia de redes de cobertura y protección al crimen dentro de las propias instancias gubernamentales.