Según la fiscal de la Unidad de Derechos Humanos, María Cecilia Jaimes, testimonios de un cabo del Ejército afirman que el 5 de diciembre de 2007 un civil de Soacha fue asesinado y presentado como un supuesto integrante de grupos armados ilegales muerto en combate.

La Fiscalía también aseguró durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, que la organización criminal, integrada por civiles y militares, no solo llevaba a Ocaña, Norte de Santander, a jóvenes de Soacha, sino también de otros lugares del país.

Jaimes explicó que hay más militares involucrados en esos hechos, que tenían permanencia en el tiempo y arraigo en dichas localidades. Esto era un patrón que buscaba resultados operacionales, acotó.

El ente acusador reveló la víspera nuevas irregularidades cometidas presuntamente por 19 militares, incluido un coronel retirado del ejército, involucrados en ejecuciones extrajudiciales.

Acorde con las investigaciones por la desaparición y posterior asesinato de Julián Oviedo Monroy, resulta sospechoso un reporte de integrantes de la Fuerza Pública.

De acuerdo con dicho informe, los militares que presuntamente abatieron en combate al joven gastaron 550 balas y dos granadas contra dos personas.

"Gastaron en total 550 cartuchos donde se reporta una sola persona quien dispara contra la tropa, gastando aproximadamente cinco cartuchos. Son 11 personas gastando municiones, que no participaron en el combate", dijo la fiscal del caso.

La Fiscalía también señaló encontrar evidentes irregularidades en las órdenes de operaciones del supuesto combate entre tropas del Batallón Santander y dos supuestos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que maniobraban en el nororiente del país.

Para el 3 de marzo de 2008, día en el que murió Julián Oviedo, no había ninguna orden para realizar operativos militares en la zona donde el joven fue supuestamente abatido en enfrentamientos con el ejército, indicó el ente acusador.

Durante una de las audiencias de imputación de cargos contra los militares involucrados en esos hechos, la Fiscalía determinó que tres habitantes de esa localidad fueron conducidos a Ocaña, Norte de Santander, mediante falsas ofertas de trabajo y la promesa de llevarlos a conocer la Costa Atlántica.