LA PAZ, 22 de mayo (PL).— El decreto supremo que permite incautar bienes a ciudadanos y empresas vinculadas a actos terroristas es una advertencia para que nadie sueñe con dividir a Bolivia, aseveró el vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García.

En alusión a una banda de extremistas neutralizada en abril último en Santa Cruz, García precisó que sus financiadores son tres, cuatro, cinco o seis personas a quienes va dirigida esa medida.

La promulgación, precisó, sienta un precedente histórico, para que nadie más se atreva a dividir al país, ni pueda soñar, en su peor pesadilla, atentar contra la integridad de la Patria, remarcó.

Dijo que había algunos políticos que les preocupaba este decreto, porque seguramente, directa o indirectamente, están involucrados en ese plan nefasto.

El Decreto Supremo 0138 referido a la incautación de bienes a las personas vinculadas al terrorismo, será estrenado con los empresarios Hugo Achá y Alejandro Melgar, investigados por el Ministerio Público como supuestos financistas de la célula terrorista, pero quienes se encuentran fuera del país.

La víspera, la comisión de fiscales que investiga el caso, cuestionó además que la oposición busca mecanismos legales para evitar la aplicación de esa norma aprobada por el presidente Evo Morales.

El magistrado Marcelo Sosa explicó que con una imputación formal se podría determinar las medidas cautelares sobre el patrimonio.

Asimismo ratificó que todas las personas nombradas en la investigación serán citadas, como ocurrió con la empresaria cruceña Katherine Rabczuk y el gerente de la empresa de seguridad Arias, Eduardo Guilarte.

El 16 de abril último, en el hotel cruceño Las Américas, un operativo policial abatió al boliviano- croata Eduardo Rózsa, líder del grupo; al irlandés Michael Dwyer y al húngaro Árpád Magyarosi.