La Comisión Interamericana de Derechos Humanos abandonó su condición y se convirtió en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales que, por razones ideológicas, arremeten contra los gobiernos progresistas de la región, subraya un comunicado de la Cancillería.

En el caso de Venezuela, la Comisión perdió su credibilidad durante el golpe de estado perpetrado el 11 de abril del 2002, cuando ésta reconoció implícitamente el gobierno de facto, y negó una medida cautelar a favor del presidente, Hugo Chávez, solicitada por la ONG MINGA con el fin de resguardar su vida, recuerda.

Es necesario recordar que la Comisión visitó Venezuela en el mes de mayo de 2002, poco tiempo después del golpe de Estado y, en vez de condenar este atentado contra las instituciones democráticas, justificó las acciones de sus autores.

Venezuela reitera su exigencia a la Comisión, para que aplique los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de Derechos Humanos, elimine la aplicación de un doble rasero y la politización, y cese su pretensión de colocarse por encima de la legislación interna de los estados, afirma.

A partir de 1999, con el inicio del gobierno independiente y soberano del presidente Chávez, la Comisión ha procesado más de 150 casos, sin metodología fundamentada en la objetividad y transparencia, precisa el comunicado del En el mencionado informe, la comisión acusa al Estado venezolano de violaciones a la libertad de conciencia y religión, tomando como base exclusiva señalamientos hechos por medios de comunicación, refiere un comunicado del Ministerio para las Relaciones Exteriores.

Es precisamente entre 1999 y 2009, que Venezuela logró avances importantes en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que han sido certificados por órganos del Sistema de Naciones Unidas, destaca.