El arrestó se efectuó en la Escuela Militar de Cadetes, en el norte de Bogotá, y los cargos en su contra se remontan al 12 de febrero de 2004, cuando se desempeñaba como comandante del un batallón del Ejército.

Acorde con las investigaciones, las tropas bajo su mando en ese entonces mataron a cuatro presuntos guerrilleros del frente 54 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Unguía, departamento fronterizo de Chocó.

Sin embargo, la fiscalía logró demostrar que los cuatros jóvenes asesinados no eran miembros de ningún grupo insurgente, sino que fueron contactados mediante una falsa oferta de trabajo a concretarse en una finca bananera.

Las victimas fueron identificadas como Luis Armando Campo, Alberto Mario Arias, José Ulises Pérez Pérez y Edwin Enrique Arias.

Para el senador liberal Juan Manuel Galán la actual administración debería acusar ante los órganos de justicia a los miembros de la fuerza pública que eventualmente hayan tenido responsabilidades por acción o por omisión en el tema de las ejecuciones extrajudiciales, que aquí se denominan eufemísticamente "falsos positivos".

Recientemente Galán denunció que entre 1998 y 2008 ocurrieron en el país entre mil 500 y dos mil casos de ejecuciones extrajudiciales.

Los "falsos positivos" no son casos aislados y no son cometidos por manzanas podridas. "Ha existido una política que ha generado una cultura institucional perversa a través de incentivos", explicó.

A tono con estas denuncias, diversos analistas sostienen que el gobierno es el principal promotor de estas ejecuciones extrajudiciales al aplicar el precepto de que el fin es el dinero.