La situación ilegal de esa agrupación se definió con el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento, encargado de llevar el Registro Nacional de Consultorías, Donaciones y Organizaciones No Gubernamentales.

De acuerdo con el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, también el Consejo Económico y Social (ECOSOC)) de Naciones Unidas rechazó una solicitud de HRF para ser reconocida como entidad consultiva.

ECOSOC por su parte emitió un comunicado, en el cual rechaza toda manifestación de apoyo, por parte de organismos nacionales o extranjeros, a grupos separatistas que busquen la desintegración de Bolivia.

La indagación de la situación legal de esa organización se realizó, luego de que el testigo Juan Carlos Gueder, miembro de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) vinculado a la presunta célula terrorista desarticulada en Santa Cruz el pasado 16 de abril, acusó a Hugo Achá, ejecutivo de HRF, de tener vínculos con la banda.

La víspera, en declaraciones a medios estatales de prensa, el propio Llorenti recordó que HRF comenzó a trabajar en el país en supuesta defensa de los derechos humanos.

"Pero todos sus informes son panfletos ideologizados y que nada tienen que ver con los derechos humanos. No es casual que esté involucrada esta fundación en los recién denunciados actos terroristas", remarcó.

Asimismo denunció que esa Fundación envió funcionarios como supuestos observadores en un referendo ilegal autonómico con intereses separatistas en la región de Santa Cruz, el 4 de mayo de 2008.

Por su parte, la fiscalía anunció que podría interrogar a las principales autoridades de la oriental región, entre ellos el prefecto Rubén Costas, de tener vínculos con la célula terrorista neutralizada.

Según dijo a la prensa el fiscal Marcelo Sosa, investigador del caso, tras interrogar a varios detenidos, se confirmó que los extremistas liderados por el boliviano Eduardo Rózsa Flores, sostuvieron contactos además con el ex presidente del comité cívico, el acaudalado empresario Branko Marinkovic, de origen croata.

Asimismo señalaron además a Guido Nayar, actual dirigente de los empresarios ganaderos privados de esa región oriental, estimada como bastión de la oposición al gobierno de Evo Morales.

El pasado 16 de abril, en un operativo policial, perdieron la vida el boliviano húngaro-croata, Eduardo Rózsa, su líder, así como Magyarosi Arpád (húngaro-croata) y Michael Martin Dwyer (irlandés).

Además, fueron detenidos Mario Francisco Tadic Astorga (boliviano con pasaporte croata) y El d Tóásó (húngaro), quienes están en prisión preventiva en La Paz.